Danilo Bustamante y Victoria Reyes
La propuesta gubernamental que busca proteger a los indígenas es sólo un borrador, aclara José Antonio Viera- Gallo, ministro secretario general de la Presidencia. Y asegura que el "Código de Conducta Responsable para inversiones en tierras indígenas y Áreas de desarrollo Indígena"-que obligaría a las empresas a compartir los beneficios con las comunidades indígenas de la zona- no alejará los proyectos. "¿No aleja más la inversión esta "guerra permanente" que hay hoy entre el inversionista y las comunidades indígenas?", se pregunta.
-¿A qué apunta el gobierno con esta normativa?
"Yo trataría de desdramatizar la contienda por ambos lados. El mundo empresarial tiene que entender que un cumplimiento de buena fe del convenio 169, lejos de desincentivar la inversión, puede ser un camino para encontrar formas más eficaces para resolver probables conflictos. Y mientras no haya una ley que cambie las reglas del juego en materia de inversión, este convenio permanece en un plano programático, pero es conveniente que haya un código de buenas prácticas que pueda hacer consensuado entre el mundo empresarial y el mundo indígena. Eso podría evitar conflictos judiciales, y en todo caso este borrador debiera sufrir varios cambios".
-Algunos dicen que esto terminará alejando la inversión y afectando a los propios indígenas...
"¿No aleja más la inversión lo que hay hoy, que es una especie de "guerra permanente" entre el inversionista y las comunidades indígenas? En todas partes es una guerra. Hoy no tenemos fórmulas para que eso se resuelva adecuadamente, o las que hay no son satisfactorias. A las empresas se les eterniza esto, y eso no es conveniente para la inversión, y las comunidades se sienten desprotegidas. Hay que entender que hay una nueva realidad en el mundo, y es que los pueblos indígenas están conscientes de sus derechos. Y por tanto, si se quiere hacer inversión, hay que cumplirla según el tratado, que dice que hay que dialogar con las comunidades y en lo posible hacerlas partícipes de sus beneficios".
-¿Por qué no incluir esto en la ley de impacto ambiental?
"Es una tesis y se puede sostener. La otra tesis es que para cumplir más cabalmente el convenio sería conveniente establecer mecanismos especiales de participación, más eficaces que esa ley. Uno podría imaginar que si la represa Ralco hubiera conversado mejor con la comunidad indígena, nos habríamos evitado muchos conflictos. En todo caso, hay que hacer muchas distinciones, porque las áreas de desarrollo indígena comprenden tanto tierras privadas como indígenas y fiscales. La idea es probablemente dictar un instructivo que señale un calendario, que establezca algunas normas que sean obligatorias para las empresas públicas, y que sean recomendaciones para las privadas. Esto es simplemente el inicio de un camino. Y no es que los pueblos indígenas tengan un ordenamiento jurídico entero distinto, pero sí desde muy antiguo hay normas que sí son especiales para los indígenas".
-El líder mapuche Aucán Huilcamán dijo que ahora tendrán las herramientas para frenar proyectos...
"Él está equivocado, y hace una interpretación del convenio 169, que no tiene ningún asidero jurídico. Es representante de una organización no muy mayoritaria".
-¿Es el mejor momento para discutir en una época de crisis?
"Sin duda que es un problema. Pero el mundo empresarial es suficientemente sofisticado como para darse cuenta de que tiene que actuar en un mundo que se va transformando. El debate está un poco sesgado y todo esto es bastante artificial. Se le pide precisiones jurídicas a un tratado internacional que no las puede tener, porque es un convenio programático. Lo único que pido es que partamos de la base de que el convenio 169 fue revisado dos veces por el Tribunal Constitucional. Estos son compromisos que el Estado asume, y el consejo de ministros le propondrá a la Presidenta un camino para llegar a establecer una ley, que seguramente será en el próximo gobierno, que armonice los derechos a la inversión en las áreas de desarrollo indígena, y los derechos de los pueblos indígenas. Y la voluntad del gobierno está muy lejos de desalentar la inversión. Lo único que hemos dicho es empleo, empleo, empleo y más inversión. ".
Fuente:el mercurio
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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