Una consecuencia de la crisis actual son las mayores dificultades de las empresas para conseguir financiamiento. En ese cuadro, se ha propuesto la intervención de aquellas en crisis, para mantener el empleo. Pero eso retrotraería a épocas de intervención indiscriminada del gobierno en el sector productivo y debería rechazarse, salvo respecto del sector financiero. Esta excepción se justifica porque el colapso de compañías financieras puede tener consecuencias sistémicas, como se ha observado en EE.UU. y en países europeos. Por el contrario, en el sector productivo una quiebra tiene consecuencias limitadas, que no justifican la intervención.
Ante una crisis, se redobla la necesidad de una ley de quiebras eficaz. En la de 1982, mucho más profunda que la actual en Chile, una buena medida para salir de ella fue una reforma a la antigua ley al respecto, de 1931. Sus cambios fundamentales fueron la incorporación de síndicos privados para manejar la empresa en problemas, reemplazando en esto a los jueces, y medidas que aceleraron el proceso de liquidación o de convenio. Esta ley de quiebras fue perfeccionada en 2005, introduciendo la nueva figura del "experto facilitador" -aún poco conocida y utilizada-. La empresa en problemas puede solicitarlo al juez; él es elegido por los acreedores y tiene un plazo de 30 días para evacuar una propuesta de convenio o, alternativamente, solicitar la quiebra. El convenio propuesto debe ser aprobado por los acreedores. El facilitador no maneja la empresa, que continúa bajo su administración anterior, aunque sujeta a la intervención de aquél, y durante ese período se suspenden las ejecuciones y peticiones de quiebra. Así, tiene algunas características del Chapter 11 estadounidense, pero trata de evitar sus problemas.
Una ley de quiebras tiene dos objetivos básicos: primero, determinar rápidamente si es más conveniente para los acreedores que la empresa subsista (aunque quizás con otros propietarios), o si es mejor liquidarla. También, busca dar confianza a los acreedores, reduciendo la posibilidad de fraudes. Una ley demasiado centrada en evitar éstos no tiene la flexibilidad necesaria para encontrar soluciones eficientes que eviten liquidar empresas viables. Además, ahonda las quiebras, pues los propietarios las retrasan por temor a eventuales consecuencias penales. Se necesita, pues, un delicado equilibrio entre ambos objetivos. Una ley eficiente es esencial para que la economía pueda responder rápidamente, redestinando los factores productivos atrapados en sectores improductivos. La propuesta de intervenir empresas en problemas, por el contrario, significa mantenerlas mediante la inyección indiscriminada de recursos estatales.
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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