No es especialmente nuevo pero insiste en la necesidad de la regulación y en la importancia de la profesionalización.
Los 'lobbies' son legítimos (cotizalia.com)
La opinión general en España sobre la existencia y desarrollo de los llamados lobbies es injustificadamente peyorativa. El nuestro es un sistema cerrado, con los roles previa e inamoviblemente asignados y, lo que es peor, que entiende la intervención en la vida pública desde un temor reverencial y desorbitado a los poderes políticos. Cuando se dice que en España no hay sociedad civil –o al menos, no la suficiente—se hace referencia al gap existente entre el poder y los ciudadanos, un enorme vacío monopolizado por los partidos políticos que fagocitan cualquier tipo de espontaneidad social.
Esto no ocurre en otros países que estimulan la participación social de la ciudadanía en agrupaciones y organizaciones y estiman legítima la defensa de intereses sectoriales mediante sugerencias, entrevistas, difusión en la los medios, campañas, contactos personales etcétera. En lenguaje coloquial, esta actividad se denomina en España "presión" –término con evocaciones coactivas—y la llevan a cabo evanescentes "grupos". De ahí que aquí se hable de "grupos de presión" y no de lobbies.
Esta situación, especialmente en el mundo financiero que en el que el lobbying resulta más frecuente, debería cambiar en la dirección que camina en países como los Estados Unidos, Alemania y Canadá que cuentan ya con una acreditada regulación que ha elevado al lobbysta a una categoría profesional y al lobby a un ejercicio semipúblico perfectamente asumible y asumido.
En Europa el lobbying está ahora en el escenario. La centralización de decisiones económico—financieras en Bruselas y el carácter determinante de las directivas de la Comisión, así como la progresiva importancia de las normativas del Parlamento de la Unión Europea, han hecho de la capital belga el ámbito natural de los lobbies. Las cifras varían: según algunas fuentes en Bruselas trabajarían hasta 15.000 lobbystas y más de 2.500 organizaciones de esa naturaleza; según otras, esa cifra es corta y llegaría a 100.000 lobbystas y 5.000 organizaciones.
Ante esta avalancha, surge la necesidad de revisar la normativa reguladora de esta actividad en los dos aspectos fundamentales: la transparencia, por una parte, y la profesionalidad, por otra. En función de lo primero, es un requisito esencial que el lobby se reconozca como tal, y en función del segundo requerimiento, es de exigir que disponga de capacidad técnica y financiación reconocible. Cumplidos esos requisitos, el lobbying no debería plantear problema alguno. Incluso las intervenciones de los lobbies en el aliento, sugerencia, estímulo o proposición de decisiones administrativas o normativas pueden –en ocasiones, deben—quedar reflejadas en la exposición de motivos o en anexos ad hoc.
Una última cuestión: la actividad de lobbying forma parte de la que ejercen profesionales de la abogacía, la consultoría en sus múltiples variantes e, incluso –aunque no se suela subrayar este aspecto – los medios de comunicación. De ahí que el lobby esté vinculado a profesionales y actividades más amplias que incluyen el asesoramiento y la representación, lo que hace todavía más urgente una regulación no sólo a nivel comunitario, sino también nacional para que el lobbying deje ser en España mera y peyorativa "presión" y los lobbystas unos oscuros personajes, logreros de intereses opacos o inconfesables. Luz y taquígrafos, por un lado, y asunción de una nueva articulación social en la defensa y promoción de legítimos intereses sectoriales –públicos y privados--, son, en lo que a los lobbies se refiere, las exigencias del momento.
*José Antonio Zarzalejos es vicepresidente ejecutivo de Corporate Affairs de Llorente & Cuenca
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