No asumir la responsabilidad a nivel de las máximas autoridades, genera un caldo de cultivo para un relativismo sobre el deber ser en la administración del Estado. El primer aniversario desde la puesta en marcha del Transantiago, implicó el inevitable balance sobre el descalabro que enfrentó la ciudadanía el 10 de febrero.
A las caóticas consecuencias que esto ha tenido para la población y el millonario costo en recursos públicos y productividad para el país, diversas actuaciones de los estamentos políticos y el Ejecutivo hicieron más negativo el saldo, pues el episodio vino a agravar la sensación de que en el país no se asumen las responsabilidades políticas.
No obstante el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados las consignó, una muy mala señal fue la resistencia hasta último minuto del ex Presidente Ricardo Lagos de enfrentar los hechos; los intentos por frenar el juicio político a su gestión, que finalmente no prosperó pues la Sala aprobó el informe de la instancia parlamentaria; y el que el mandatario se refiera a lo ocurrido sólo después de la votación, cuando ya era inevitable.
"Debemos reconocer con dolor que este cambio del transporte público en Santiago ha ocasionado, en esta primera etapa, perjuicios, molestias y sufrimientos ha mucha gente, particularmente a los más modestos", afirmó entonces. "A ellos les pido mis excusas más sinceras, a ellos les reitero mi afecto y cariño", indicó. "Asumo la responsabilidad de haber tomado una decisión indispensable para que Santiago sea una ciudad moderna, con un sistema de transporte integrado", adujo entonces.
En la oposición, la declaración de Lagos fue criticada entonces por tardía. Porque en casos como este, y considerando que la Presidenta Michelle Bachelet se había referido a los hechos con meses de antelación, claramente la oportunidad tiene su propio valor.
Tampoco ha habido un reconocimiento expreso de los ministros involucrados en el comité interministerial sobre lo que debían y no hicieron.
Y, en la discusión parlamentaria, se registró uno de los episodios más polémicos de los últimos años, el que un senador, Adolfo Zaldívar, fuese expulsado, entre otros aspectos, por su voto en contra de la ley que destinó recursos al sistema sin un diagnóstico cierto sobre la mesa de parte del Gobierno.
Al regreso del receso legislativo, los parlamentarios se toparán con otra investigación emblemática, la de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que ya reúne polémicas. A mediados de año, el diputado Fidel Espinoza (PS) acusó presiones por parte del ex ministro Carlos Figueroa, sobre el trato que la comisión estaba dando al cuestionado ex presidente de la empresa, Luis Ajenjo. Y, al igual que en Transantiago, se avecina una fuerte discusión sobre la responsabilidad de Lagos, de quien los legisladores han recibido misivas que, a juicio de la Alianza, son más excusas que explicaciones concretas.
El punto central en este tipo de hechos, es que las sociedades se mueven de acuerdo a las señales. Si las máximas autoridades no se asumen sus responsabilidades, hay un caldo de cultivo para un relativismo total a nivel de nuevas autoridades y de mandos medios, sobre el deber ser en la administración del Estado.
Basta indicar que el no haber actuado con firmeza en gobiernos anteriores en materia de corrupción y el que aún no se establezcan normas con controles efectivos y exigencias a los gobiernos corporativos de las empresas públicas, ha sido un pésimo camino. Pues de tiempo en tiempo, se registra un escándalo en una compañía estatal. El caso Codelco fue en 1994 y hoy, en 2008, nuevamente una empresa pública está en el ojo del huracán. Asimismo, las asesorías presuntamente ficticias para pagar favores políticos, se repiten; y qué decir de la imagen que quedó cuando en la Administración Lagos no pocos prefirieron llevarse cuantiosas indemnizaciones, cuando el ex mandatario les indicó que podían permanecer en el gobierno, sólo si las devolvían.
Señales y más señales, heredadas o propias, frente a las que el Gobierno no está saliendo indemne.
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