El desafío de Iberoamérica es conjugar el sistema democrático con las libertades políticas y la demanda por equidad
Por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente del Senado
Presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Esta semana se realizó en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso el Tercer Foro Parlamentario Iberoamericano, en el que se debatieron importantes temas relativos a la gobernabilidad democrática, la cohesión social, la participación y la probidad.
Durante mi intervención manifesté mi preocupación por lo mucho que nos queda por avanzar para que nuestras democracias estén a la altura de las necesidades y esperanzas de la gente. Sin duda los tiempos han cambiado y hoy la ciudadanía más que representación y participación, exige que seamos capaces de resolver la pobreza, las inequidades y la discriminación, y que exista capacidad de dialogar y generar consensos.
Por eso, creo que el gran desafío que tenemos por delante es conjugar el sistema democrático con las libertades políticas y la demanda por equidad. Y es que la ecuación democracia y desarrollo pierde credibilidad cuando las sociedades se encuentran tensionadas por la existencia de profundas brechas sociales, en las que unos pocos gozan de las comodidades y privilegios de la modernidad, mientras amplios sectores viven una existencia dura, de mucho esfuerzo y escasas recompensas.
Con toda razón, estos últimos resienten la imposibilidad de poder sumarse plenamente a los beneficios del progreso. No es extraño entonces, que se apodere de ellos un sentimiento de desconfianza en el modelo y sus demandas por equidad puedan vulnerar la estabilidad de la democracia.
En nuestro continente tenemos ejemplos muy nítidos que esta situación puede alentar el surgimiento de líderes populistas, muy carismáticos y autoritarios a la vez. Su estrategia es el ataque a las instituciones para socavar su prestigio emprendiendo proyectos refundacionales que poco y nada tienen que ver con el sistema democrático.
Estos riesgos, que están siempre latentes, hacen necesario que nuestras naciones crezcan en forma sostenida y estable. Pero si bien el crecimiento es importante y contribuye a enfrentar las carencias sociales, no soluciona el problema. El mercado por sí solo no puede lograr niveles progresivos de equidad. Su lógica es la asignación de recursos, no la mayor justicia social.
En consecuencia, disminuir las desigualdades demanda la activa generación de políticas públicas que sin caer en el paternalismo acrecienten y mejoren las disponibilidades de recursos en educación, salud, vivienda y en el desarrollo de habilidades para las personas de más bajos ingresos.
De este modo, podremos acercarnos a la igualdad de oportunidades y responder eficazmente a las legítimas aspiraciones de toda la comunidad, quienes anhelan ser activos protagonistas del progreso social, económico y cultural.
Para ello, también es fundamental resguardar la protección de los derechos civiles, políticos, culturales y económicos, en el marco de un orden social cada vez más heterogéneo y dinámico, que son elementos constitutivos esenciales para sustentar el régimen democrático.
En este escenario, la política debe redefinir su papel y su valor ante la sociedad. La desafección y el desinterés creciente que muchos ciudadanos manifiestan en torno a esta actividad, demuestra que la mayor parte de ese desafío permanece pendiente.
Necesitamos establecer un proyecto de desarrollo nacional, consensuado a través de un diálogo amplio, que permita tomar decisiones con altura y proyección, y no pensando en el aplauso fácil de hoy, pero que el país paga caro el día de mañana.
La actividad política también debe asumir en forma abierta y explícita la diversidad y complejidad de nuestras sociedades, estableciendo canales de representación y participación para los distintos grupos que la componen y que claman legítimamente por un espacio donde expresar sus demandas.
Por último, un elemento esencial para tener una política orientada a promover la confianza recíproca entre ciudadanía y sistema político, es que la autoridad y los representantes políticos seamos independientes de los intereses que nos toca arbitrar, dirimir e integrar. Así se tendrá libertad para optar por lo más adecuado para el país en su conjunto.
La ausencia de señales claras en este ámbito, deteriora la credibilidad en la política. Por el contrario, una correcta y oportuna distinción entre los intereses públicos y privados ayuda a evitar los riesgos del aprovechamiento indebido del poder y especialmente de la corrupción.
Sólo poniendo especial atención en estos aspectos, podremos contribuir a la construcción de una agenda que de una satisfactoria respuesta a las expectativas que la gente cifró en la democracia. La misma que luchó años por recuperarla.
Rodrigo González Fernández
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