Energía: señales alentadoras Distintas medidas y testimonios oficiales permiten concluir que el Gobierno está decidido a recuperar el tiempo perdido para elevar niveles de seguridad en el abastecimiento energético y cumplir con el imperativo de duplicar, de manera eficiente, el parque eléctrico en los próximos 10 años. Recientemente se perciben anuncios alentadores para abordar una crisis energética en ciernes. En estos días se oficializó un reglamento que facilitará el acuerdo entre las generadoras y sus clientes, para premiar el uso racional de la electricidad; la Presidenta concurrió a la inauguración de una planta hidroeléctrica de pasada, y el ministro del sector respaldó a las centrales de Aisén. Paralelamente, se avanza en la licitación de 13 bloques en la región austral para la exploración de hidrocarburos, y se celebraron algunos acuerdos transitorios que están permitiendo el abastecimiento del sistema eléctrico del Norte Grande, amagado por la situación financiera de GasAtacama. Una variedad de factores de política interna, internacionales y atmosféricos han situado al país en el umbral de una crisis energética. Por años, estas páginas han venido dando tempranas señales de alerta sobre los riesgos derivados de la extrema dependencia del gas argentino; de la inducción forzada, mediante modificaciones legales, a la construcción de centrales termoeléctricas; de la falta de plantas de respaldo para el gas domiciliario; de la aleatoria disposición de los vecinos para cumplir con sus compromisos internacionales; de la utopía de anillos energéticos regionales; de la negativa a considerar la generación nuclear para diversificar la matriz energética; de la ausencia de un programa de eficiencia en el uso de las diferentes energías; en fin, y, especialmente, de la debilidad ante presiones exageradas de grupos ambientalistas e indigenistas, y también provenientes de la judicialización, que han obstaculizado la construcción de centrales hidroeléctricas, que permitan aprovechar el mayor recurso nacional para la generación y, además, rebajar los costos de la electricidad. El conjunto de estos impedimentos, muchos de ellos autoimpuestos, se ha agudizado este año por la escasez de lluvias, ondas repetidas de frío y mayor demanda. Asimismo, hemos reafirmado con anticipación los adversos efectos de la inseguridad y del encarecimiento del suministro energético en la inversión y el crecimiento, en la competitividad y la inflación del país, y en el bienestar de la población. Reiteradamente hemos insistido en que las autoridades deberían enviar señales firmes y adoptar medidas concretas para facilitar la construcción de nuevas centrales eléctricas y plantas de gas y para liberalizar el régimen de hidrocarburos, asimilándolos a los restantes minerales, para explorarlos y explotarlos con tecnologías y capitales privados, en vez de mantener un sistema estatizado y burocrático de concesiones de petróleo y de sus derivados que, en la práctica, no son desarrollados. Parece seguro que las acciones ya adoptadas serán seguidas de hechos, se profundizarán, y si bien no alterarán la frágil situación de suministro en los meses y años próximos, son demostrativas de una encomiable decisión de las autoridades de revertir la vulnerabilidad causada por las imprevisiones que han llevado a bajos límites de seguridad y de eficiencia energética. Resulta inexplicable que el país atraviese por una grave y costosa estrechez energética, cuando cuenta con un estatuto eléctrico que ha permitido canalizar significativas inversiones en el sector, y disponiendo nuestro territorio de posibilidades de descubrir hidrocarburos, y de un enorme potencial hidroeléctrico, desaprovechados por secuelas del intervencionismo estatal. |
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Posteado por El Mercurio |
Rodrigo González Fernández
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