Transparencia a la chilena?
por Lorena Fries*
No cabe duda que la agenda de transparencia y probidad para el buen ejercicio de la democracia empieza a calar en la ciudadanía.
Los escándalos de corrupción han puesto de relieve la necesidad de contar con procedimientos claros y públicos sobre la asignación de recursos, así como también de conocer una posible colisión de intereses en nuestros servidores frente a sus activos privados.
En ese marco, la sección de reportajes de un matutino (La Tercera) emitió un interesante artículo sobre la obligación de transparencia a la que se habría sometido un conjunto de diputados frente a Transparencia Internacional. Se trata de dar a conocer, voluntariamente, las actividades de los parlamentarios, su declaración patrimonial y de renta, y el uso que hacen de las partidas presupuestarias de las que gozan por ser nuestros representantes.
Meritorio que lo hagan, aún cuando debiera ser una obligación legal. En todo caso, y a esto apunta esta opinión, sorprende que no se haga hincapié en las falencias que tiene en general nuestro sistema político y, en particular, el parlamento en esta materia.
En primer lugar, las declaraciones patrimoniales no son de fácil acceso ciudadano, si bien los interesados pueden lograrlo viajando al parlamento. En segundo lugar, las mismas fichas carecen de información relevante a la hora de determinar el universo de intereses económicos de un parlamentario, lo que dificulta la transparencia de su gestión. Así, si bien se puede conocer si un determinado parlamentario/a es parte o no de una sociedad, qué tipo de sociedad y en qué porcentaje participa, no se sabe a qué se dedica dicha empresa o sociedad en la que participa, lo que podría ser relevante cuando se legisla por ejemplo sobre un ámbito de la producción del país.
Por otra parte, sólo en caso de matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal están obligados los parlamentarios a declarar los bienes matrimoniales, incluidos los de la cónyuge. Recordemos, que sobre un 65% de los matrimonios de este país se realizan bajo esta modalidad, y sin embargo, la tendencia en el Congreso es radicalmente contraria.
En el Congreso se casan o llegan los separados de bienes. ¿Por qué se invierte la tendencia de toda la sociedad en el Parlamento? A lo menos se puede deducir que algo resulta atractivo de este régimen, que se ha visto favorecido por los parlamentarios y sus señoras, o las parlamentarias y sus cónyuges. Puede que existan muchas razones, de esas que lo justifican y de las que no, pero lo cierto es que es una mala señal en términos de transparencia, puesto que finalmente el patrimonio y los arreglos patrimoniales que se hacen en el seno de las familias pudientes que vaya más allá de la persona, suelen incluir a otros miembros de la familia. Se requiere, por lo tanto, una transparencia que vaya más allá de lo legalmente establecido como patrimonio propio o conyugal.
Pongamos un ejemplo, ¿es acaso lo mismo en términos de patrimonio el que declara la diputada Saa, que no es casada, que el senador Chadwick que hace parte de una familia donde el patrimonio y los activos van mas allá de su persona y al menos pueden incorporar a la cónyuge? Qué creen ustedes que pasaría si algún diputado y senador casado bajo régimen de separación de bienes, ve que van a afectar los intereses de su esposa en un debate legislativo. ¿No es exponer mucho a nuestros servidores públicos? Obviamente confío en la probidad de nuestros parlamentarios, pero en democracia, si bien la confianza es un elemento vital, no es malo que ésta se construya sobre información real, completa y accesible.
Por último, es muy difícil tener una impresión completa del patrimonio que tiene cada diputado o senador si esto no va acompañado de la declaración de renta anual. Es en la comparación entre la ficha de declaración patrimonial, lo que declara ante el Servicio de Impuestos Internos, y lo que recibe por su labor en tanto parlamentario, que se puede establecer la correspondencia y coherencia en lo patrimonial. Aún tenemos problemas con transparentar, parece que el viejo mal que heredamos de la dictadura, el secretismo como atributo de la autoridad, sigue en pie. Y, por cierto, no ayuda.
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Lorena Fries. Presidenta Corporación Humanas
por Lorena Fries*
No cabe duda que la agenda de transparencia y probidad para el buen ejercicio de la democracia empieza a calar en la ciudadanía.
Los escándalos de corrupción han puesto de relieve la necesidad de contar con procedimientos claros y públicos sobre la asignación de recursos, así como también de conocer una posible colisión de intereses en nuestros servidores frente a sus activos privados.
En ese marco, la sección de reportajes de un matutino (La Tercera) emitió un interesante artículo sobre la obligación de transparencia a la que se habría sometido un conjunto de diputados frente a Transparencia Internacional. Se trata de dar a conocer, voluntariamente, las actividades de los parlamentarios, su declaración patrimonial y de renta, y el uso que hacen de las partidas presupuestarias de las que gozan por ser nuestros representantes.
Meritorio que lo hagan, aún cuando debiera ser una obligación legal. En todo caso, y a esto apunta esta opinión, sorprende que no se haga hincapié en las falencias que tiene en general nuestro sistema político y, en particular, el parlamento en esta materia.
En primer lugar, las declaraciones patrimoniales no son de fácil acceso ciudadano, si bien los interesados pueden lograrlo viajando al parlamento. En segundo lugar, las mismas fichas carecen de información relevante a la hora de determinar el universo de intereses económicos de un parlamentario, lo que dificulta la transparencia de su gestión. Así, si bien se puede conocer si un determinado parlamentario/a es parte o no de una sociedad, qué tipo de sociedad y en qué porcentaje participa, no se sabe a qué se dedica dicha empresa o sociedad en la que participa, lo que podría ser relevante cuando se legisla por ejemplo sobre un ámbito de la producción del país.
Por otra parte, sólo en caso de matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal están obligados los parlamentarios a declarar los bienes matrimoniales, incluidos los de la cónyuge. Recordemos, que sobre un 65% de los matrimonios de este país se realizan bajo esta modalidad, y sin embargo, la tendencia en el Congreso es radicalmente contraria.
En el Congreso se casan o llegan los separados de bienes. ¿Por qué se invierte la tendencia de toda la sociedad en el Parlamento? A lo menos se puede deducir que algo resulta atractivo de este régimen, que se ha visto favorecido por los parlamentarios y sus señoras, o las parlamentarias y sus cónyuges. Puede que existan muchas razones, de esas que lo justifican y de las que no, pero lo cierto es que es una mala señal en términos de transparencia, puesto que finalmente el patrimonio y los arreglos patrimoniales que se hacen en el seno de las familias pudientes que vaya más allá de la persona, suelen incluir a otros miembros de la familia. Se requiere, por lo tanto, una transparencia que vaya más allá de lo legalmente establecido como patrimonio propio o conyugal.
Pongamos un ejemplo, ¿es acaso lo mismo en términos de patrimonio el que declara la diputada Saa, que no es casada, que el senador Chadwick que hace parte de una familia donde el patrimonio y los activos van mas allá de su persona y al menos pueden incorporar a la cónyuge? Qué creen ustedes que pasaría si algún diputado y senador casado bajo régimen de separación de bienes, ve que van a afectar los intereses de su esposa en un debate legislativo. ¿No es exponer mucho a nuestros servidores públicos? Obviamente confío en la probidad de nuestros parlamentarios, pero en democracia, si bien la confianza es un elemento vital, no es malo que ésta se construya sobre información real, completa y accesible.
Por último, es muy difícil tener una impresión completa del patrimonio que tiene cada diputado o senador si esto no va acompañado de la declaración de renta anual. Es en la comparación entre la ficha de declaración patrimonial, lo que declara ante el Servicio de Impuestos Internos, y lo que recibe por su labor en tanto parlamentario, que se puede establecer la correspondencia y coherencia en lo patrimonial. Aún tenemos problemas con transparentar, parece que el viejo mal que heredamos de la dictadura, el secretismo como atributo de la autoridad, sigue en pie. Y, por cierto, no ayuda.
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Lorena Fries. Presidenta Corporación Humanas
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RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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RENATO SANCHEZ 3586 SANTIAGO,CHILE
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