La falta de probidad, redes de influencia y otros ilícitos que afectan a algunas instituciones públicas, sean o no hechos aislados, nos muestran la falta de eficacia de los actuales mecanismos para prevenir irregularidades y fiscalizar las actuaciones públicas. Pero más serio aún para una sociedad democrática es constatar la nula influencia, o poder, que tienen los ciudadanos para hacer valer sus comunes intereses y derechos frente a tan evidentes desviaciones de la finalidad de servicio a la comunidad.
Pensamos que debiera crearse una instancia para la representación efectiva del interés público, en beneficio de todos los ciudadanos. De existir, en la actual crisis, estarían presente no sólo las fuerzas políticas que con frecuencia suelen reaccionar conforme a expectativas de alcanzar o mantenerse en el poder, o a la crítica o defensa de autoridades de períodos anteriores, sino también una institución autónoma, participativa, receptora de inquietudes, quejas e intereses ciudadanos, con capacidad de proponer medidas de corrección del sistema, desde una visión genuinamente ciudadana.
La agenda probidad del Gobierno va a nuestro juicio en un sentido correcto, aunque debiera complementarse con propuestas más visibles que fortalezcan la incidencia y el control ciudadano. Las proyectadas medidas de transparencia, de regulación del lobby, de calidad de la política, de gastos electorales y de modernización del Estado son sin duda positivas, pero ellas, salvo la de acceso a la información pública, son más bien correctivas, sin que por su sola traducción en leyes, favorezcan necesariamente aquel mayor poder ciudadano (empowerment) del que nos habla la doctrina democrática.
Ha llegado la hora de materializar la Defensoría del Pueblo (ombudsman), permanente compromiso desde los inicios de la recuperada democracia. Hasta ahora siempre existieron otras prioridades, pero hoy los habitantes del país, requerimos con urgencia de instituciones que nos representen adecuadamente en la promoción y protección de nuestros derechos y garantías en esta difícil construcción de un Estado probo, participativo y democrático.
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