Presidenta anunció batería de medidas que recoge casi en su totalidad informe de equipo de expertos:
Cuatro ejes dominan normas sobre probidad
CLAUDIO SALINAS
Entre las iniciativas se incluyen limitaciones al intervencionismo electoral del Gobierno.
CLAUDIO SALINAS
Las primeras iniciativas orientadas a limitar el intervencionismo electoral del Gobierno, sanciones más drásticas a quienes infrinjan las normas sobre límites de gasto y financiamiento de campañas -llegando hasta la pérdida del cargo conquistado en las urnas- y la creación de nuevos órganos fiscalizadores contempla la agenda anticorrupción anunciada ayer por la Presidenta Michelle Bachelet.
La Mandataria presentó una nutrida batería de iniciativas en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, recogiendo prácticamente en su totalidad las propuestas que en esas áreas le formuló el grupo de expertos que coordinó el ministro Alejandro Ferreiro.
Los anuncios se dieron a conocer este jueves en una ceremonia en La Moneda, en la que el Gobierno promulgó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, proceso ratificatorio que en nuestro país se da en medio de un agitado clima político dominado por una ola de denuncias sobre irregularidades en diversos servicios estatales y que han tensionado a la coalición de gobierno.
Este ambiente político motivó ayer a la oposición política a no concurrir a la ceremonia en La Moneda, donde sí se hicieron presentes representantes de gobierno, de los diferentes poderes públicos, políticos, parlamentarios e invitados especiales, entre ellos la presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle.
En la ocasión, la Presidenta Bachelet señaló que el Estado de Chile asume un compromiso con la ética pública al promulgar la Convención de la ONU contra la Corrupción, pero además su propio Gobierno quiere reforzar el compromiso con la probidad, transparencia y la modernización del aparato estatal.
Pero dicho compromiso lo enmarcó en una declaración de principios: "No soy de aquellos que creen que reformar el Estado significa jibarizarlo y debilitarlo. Para reformar el Estado hay que creer en él. Yo creo en el Estado, en su capacidad de producir cambios, de mejorar la vida de los ciudadanos, de fortalecer la libertad de nuestra gente y en su compromiso de brindar servicios de calidad a las personas".
Tras esa definición, la Mandataria detalló sus proposiciones en esta materia, que en la práctica recogen íntegramente el planteamiento que le formuló el así llamado "G-7", equipo asesor que encabezó el ministro Alejandro Ferreiro y que integraron Davor Harasic, Enrique Barros, Salvador Valdés, José Zalaquett, Carlos Carmona y la subsecretaria María Olivia Recart.
Transparencia y más controles
El informe del grupo de expertos concentró sus propuestas en cuatro grandes ejes (transparencia, reformas al sistema de alta dirección pública, financiamiento de campañas políticas y reforzamiento de los sistemas de control), pero la Presidenta ordenó su planteamiento en torno a tres pilares: transparencia, modernización del Estado y calidad de la política.
En el primer aspecto, anunció la traducción en una ley de la garantía constitucional de publicidad de los actos administrativos y la creación de un órgano autónomo que velará por el acceso ciudadano a la información pública. También se dictará un instructivo presidencial para que las reparticiones estatales publiciten por internet sus contrataciones y transferencias, junto con establecer garantías de protección a los funcionarios públicos que denuncien actos irregulares.
En el ámbito modernizador, la Mandataria confirmó la extensión del sistema de alta dirección pública, completando en 2007 la concursabilidad de los máximos cargos en 99 servicios originalmente previstos al 2010.
Junto con ello, se creará una agencia evaluadora de políticas públicas, una oficina de control presupuestario en el Congreso y nuevas superintendencias (de obras públicas, educación y ambiental). Además, se anunció la largamente postergada modernización de la Contraloría y la extensión a más funcionarios de la obligación de declarar su patrimonio e intereses.
Sin embargo, las iniciativas más novedosas y de más envergadura apuntan a ajustes en el sistema político, que incluyen medidas para limitar el intervencionismo electoral del Gobierno en los períodos de campaña.
Financiamiento electoral
En este ámbito, la Presidenta propone ampliar las sanciones a los infractores de la normativa sobre financiamiento electoral, incluyendo la pérdida del cargo conquistado en las urnas en caso de un ilícito grave.
Igualmente, se anuncia la creación de una superintendencia de fiscalización electoral con facultades para investigar y auditar las rendiciones de gastos de los candidatos.
También se eliminarán los aportes de empresas a campañas políticas y se legislará para que los partidos y las coaliciones puedan realizar primarias.
Respecto del intervencionismo del gobierno, la Mandataria se propone legislar para restringir el uso de urgencias legislativas en épocas de campaña, así como prohibir el avisaje publicitario estatal y las colectas para candidatos en los servicios públicos durante los períodos electorales. Por último, se ampliará el espectro de inhabilidades de parlamentarios y funcionarios públicos para evitar conflictos de intereses y se reformará el proyecto de ley de lobby.
Bachelet prometió enviar los proyectos de ley antes del receso veraniego del Congreso.
INTRODUCCIÓN DEL
INFORME DE LOS EXPERTOS EN A 2
"Espero que haya un gran consenso partidario y ciudadano en torno a estas medidas".
DAVOR HARASIC
Transparencia-Chile
Cuatro ejes dominan normas sobre probidad
CLAUDIO SALINAS
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CLAUDIO SALINAS
Las primeras iniciativas orientadas a limitar el intervencionismo electoral del Gobierno, sanciones más drásticas a quienes infrinjan las normas sobre límites de gasto y financiamiento de campañas -llegando hasta la pérdida del cargo conquistado en las urnas- y la creación de nuevos órganos fiscalizadores contempla la agenda anticorrupción anunciada ayer por la Presidenta Michelle Bachelet.
La Mandataria presentó una nutrida batería de iniciativas en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, recogiendo prácticamente en su totalidad las propuestas que en esas áreas le formuló el grupo de expertos que coordinó el ministro Alejandro Ferreiro.
Los anuncios se dieron a conocer este jueves en una ceremonia en La Moneda, en la que el Gobierno promulgó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, proceso ratificatorio que en nuestro país se da en medio de un agitado clima político dominado por una ola de denuncias sobre irregularidades en diversos servicios estatales y que han tensionado a la coalición de gobierno.
Este ambiente político motivó ayer a la oposición política a no concurrir a la ceremonia en La Moneda, donde sí se hicieron presentes representantes de gobierno, de los diferentes poderes públicos, políticos, parlamentarios e invitados especiales, entre ellos la presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle.
En la ocasión, la Presidenta Bachelet señaló que el Estado de Chile asume un compromiso con la ética pública al promulgar la Convención de la ONU contra la Corrupción, pero además su propio Gobierno quiere reforzar el compromiso con la probidad, transparencia y la modernización del aparato estatal.
Pero dicho compromiso lo enmarcó en una declaración de principios: "No soy de aquellos que creen que reformar el Estado significa jibarizarlo y debilitarlo. Para reformar el Estado hay que creer en él. Yo creo en el Estado, en su capacidad de producir cambios, de mejorar la vida de los ciudadanos, de fortalecer la libertad de nuestra gente y en su compromiso de brindar servicios de calidad a las personas".
Tras esa definición, la Mandataria detalló sus proposiciones en esta materia, que en la práctica recogen íntegramente el planteamiento que le formuló el así llamado "G-7", equipo asesor que encabezó el ministro Alejandro Ferreiro y que integraron Davor Harasic, Enrique Barros, Salvador Valdés, José Zalaquett, Carlos Carmona y la subsecretaria María Olivia Recart.
Transparencia y más controles
El informe del grupo de expertos concentró sus propuestas en cuatro grandes ejes (transparencia, reformas al sistema de alta dirección pública, financiamiento de campañas políticas y reforzamiento de los sistemas de control), pero la Presidenta ordenó su planteamiento en torno a tres pilares: transparencia, modernización del Estado y calidad de la política.
En el primer aspecto, anunció la traducción en una ley de la garantía constitucional de publicidad de los actos administrativos y la creación de un órgano autónomo que velará por el acceso ciudadano a la información pública. También se dictará un instructivo presidencial para que las reparticiones estatales publiciten por internet sus contrataciones y transferencias, junto con establecer garantías de protección a los funcionarios públicos que denuncien actos irregulares.
En el ámbito modernizador, la Mandataria confirmó la extensión del sistema de alta dirección pública, completando en 2007 la concursabilidad de los máximos cargos en 99 servicios originalmente previstos al 2010.
Junto con ello, se creará una agencia evaluadora de políticas públicas, una oficina de control presupuestario en el Congreso y nuevas superintendencias (de obras públicas, educación y ambiental). Además, se anunció la largamente postergada modernización de la Contraloría y la extensión a más funcionarios de la obligación de declarar su patrimonio e intereses.
Sin embargo, las iniciativas más novedosas y de más envergadura apuntan a ajustes en el sistema político, que incluyen medidas para limitar el intervencionismo electoral del Gobierno en los períodos de campaña.
Financiamiento electoral
En este ámbito, la Presidenta propone ampliar las sanciones a los infractores de la normativa sobre financiamiento electoral, incluyendo la pérdida del cargo conquistado en las urnas en caso de un ilícito grave.
Igualmente, se anuncia la creación de una superintendencia de fiscalización electoral con facultades para investigar y auditar las rendiciones de gastos de los candidatos.
También se eliminarán los aportes de empresas a campañas políticas y se legislará para que los partidos y las coaliciones puedan realizar primarias.
Respecto del intervencionismo del gobierno, la Mandataria se propone legislar para restringir el uso de urgencias legislativas en épocas de campaña, así como prohibir el avisaje publicitario estatal y las colectas para candidatos en los servicios públicos durante los períodos electorales. Por último, se ampliará el espectro de inhabilidades de parlamentarios y funcionarios públicos para evitar conflictos de intereses y se reformará el proyecto de ley de lobby.
Bachelet prometió enviar los proyectos de ley antes del receso veraniego del Congreso.
INTRODUCCIÓN DEL
INFORME DE LOS EXPERTOS EN A 2
"Espero que haya un gran consenso partidario y ciudadano en torno a estas medidas".
DAVOR HARASIC
Transparencia-Chile
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