El Parlamento de Canarias pidió este lunes al Gobierno regional que realice un estudio sobre la incidencia, causas y consecuencia del acoso laboral en las Islas, tanto en la administración pública como en los sectores de producción.
Esta petición figura en una proposición no de ley presentada por el grupo Popular y apoyada por todos los grupos y en la que también se pide que se promocione y difunda el conocimiento entre empresarios y trabajadores de los riesgos y consecuencias negativas del acoso moral en el trabajo.
Además se requiere que se difunda por los médicos del Servicio Canario de la Salud y de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales las consecuencias que genera el acoso, para que puedan diagnosticarlo y se establezca como una enfermedad generada por el trabajo.
La proposición no de ley pide también al Gobierno que asegure que todas las entidades que gestionan las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo asuman sus responsabilidades en el tratamiento, cura y rehabilitación de las consecuencias en la salud generadas por este problema.
Asimismo se requiere una vigilancia especial dentro de la Administración Pública para prevenir la existencia de estas prácticas.
Según el diputado del grupo Popular Fernando Toribio, la población afectada en Canarias por el acoso laboral es del 15% de un total de 779.527 trabajadores.
En concreto indicó que de acuerdo con los datos del Instituto Canario de Estadística y del Servicio Canario de la Salud, uno de cada seis trabajadores sufre acoso laboral y señaló que se han presentado 1.577 denuncias mientras que las situaciones van en aumento.
Recordó que el acoso laboral o mobbing puede proceder del jefe al impedir y criticar que se desempeñe el trabajo y por parte de otros compañeros.
El diputado del grupo Mixto Isaac Castellanos consideró que se trata de un problema complejo ya que las repercusiones en la salud son psicológicas y en la apariencia física no suelen dejar marcas.
José Alcaraz, del grupo Socialista, indicó que no se debe generar alarmismo ya que el acoso laboral siempre ha existido y ahora se ha avanzado en su caracterización y penalización.
La diputada de CC Nuria Herrera aunque apoyó la iniciativa, consideró que hubiera sido más oportuno que la proposición no de ley la presentasen todos los grupos parlamentarios.
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