La votación se retoma esta martes luego de ser suspendida la semana pasada, el mismo día en que más de 70 dirigentes políticos y sociales entre los cuales destacan el líder de Fuerza Pública, Andrés Velasco; el presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez; la presidenta del PRO, Patricia Morales; y el candidato del partido ecologista verde Alfredo Sfeir, presentaran sus reparos a la iniciativa.
El ministro Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Cristián Larroulet, rechazó las críticas que apuntaban principalmente a la ausencia de un registro de lobbystas. El secretario de Estado señaló que este registro sí está incorporado y que también se contemplan sanciones a quienes no cumplan con la normativa a través de la Ley de Transparencia.
Sin embargo, Gabriel Guzmán, de la Fundación Dignidad Total, afirmó que el registro que se estipula es posterior a las reuniones y que no abarca a todos los involucrados como los actores del sector privado y los agentes que participan permanentemente en el ejercicio del lobby.
"El registro que se plantea en este punto es un registro realizado con las reuniones, nosotros creemos que tiene que ser un registro antes de las reuniones, la segunda crítica que planteamos es que en temas de transparencia falta un tema que se eliminó del proyecto original que por ejemplo en las personas que hacen lobby transparenten cuánto dinero gastaron en eso, por ejemplo, en viajes o regalos", explica Guzmán.
Esto, señaló, es muy importante para que la ciudadanía pueda realizar una fiscalización adecuada de los lobbystas. Además, indicó que la iniciativa tiene otras falencias, como dotar de escasos mecanismos a los organismos para dar cumplimiento a esta ley.
Por su parte, Nicolás del Valle, Director del Centro de Análisis e Investigación Política (CIAP), afirmó que este proyecto se debe complementar para apuntar a los temas de fondo.
Por esto, el director del Centro de Análisis indicó que "evidentemente la ley de lobby tiene que ir acompañada de un conjunto de otras reformas, es necesaria una ley de financiamiento de los partidos, no podemos seguir pensando que una democracia saludable debe ser financiada por caudales de dineros privados, sino más bien por entidades públicas, es importante entender también que el rol de los partidos políticos es fundamental en una democracia moderna como la nuestra, y por lo tanto, no tiene que estar sostenido a partir de financiamientos privados de empresas que tienen particulares intereses, sino más bien financiados por el Estado al cual pertenecen todos los chilenos".
Con todo, las organizaciones valoran que se esté tramitando efectivamente este proyecto y que exista un acuerdo para sacarlo adelante. No obstante, hicieron un llamado a los parlamentarios para que el proyecto vaya a comisión mixta y se pueda complementar. Pero no todas las organizaciones comparten este planteamiento, pese a mantener críticas.
Ese es el caso de Horizontal, tal como señaló el investigador, Daniel Brieva: "Nos gustaría que en mixta se arreglaran varios temas de la ley, especialmente respecto del reglamento que le deja muy abierto en término de los plazos, para que ese mismo reglamento salga, y por lo tanto la ley se vuelve operativa, existe el riesgo de que si se aprueba después pasemos una etapa en que el reglamento se tiene que formular y nos quedemos ahí eternamente, el ideal es mejorar eso y ciertos temas respecto de la capacidad de fiscalización y de sanción del incumplimiento de esta ley para volverla efectiva. Sin embargo, encierra un riesgo".
Desde la organización de pensamiento liberal vinculada a la UDI advirtieron que añadir estas observaciones podría entrapar una discusión que ya lleva 10 años de trámite parlamentario, advertencias que ya ha hecho el ministro Larroulet. Esto pese a que reconocer que el proyecto es un primer paso y que es totalmente perfectible. Como sea, este martes sabremos si la iniciativa se va a una nueva instancia o queda aprobada a la espera de ser ratificada por el Tribunal Constitucional para su entrada en vigencia.
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