Recibió la fortuna de Juan Luis Undurraga, uno de los principales accionistas de Soprole:
La controvertida fundación Isabel Aninat, su relación con el Arzobispado y la demanda en la que la Iglesia arriesga perder más de US$ 200 millones
No tiene página web, ni oficina, ni administración. Funciona en el estudio del abogado Enrique Alcalde, su presidente. El mismo que fue socio de la Empresa Periodística La Nación e hizo un gran negocio: invirtió $16 millones que le han reportado US$17 millones. Creada por Monseñor Sergio Valech, no existe conforme a la ley chilena, asegura Raúl Lecaros, defensor de la viuda de Juan Luis Undurraga, quien le entregó sus bienes a esta fundación mediante "contratos simulados" para privar de la herencia a su mujer e hijo y exige mediante una demanda que le sean restituidos. El caso fue visto en el Vaticano y tratado con el arzobispo Ricardo Ezzati.
Hace más de un año el Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, recibió en su casa a dos abogados. Raúl Lecaros Zegers y Héctor Riesle iban en representación de Ana María Fernández, viuda del agricultor y empresario Juan Luis Undurraga Aninat, quien al morir, en 1990, dejó todos sus bienes –entre ellos, el 42,59% de Soprole– a la fundación de derecho canónico Isabel Aninat.
Le plantearon que bajo esta fórmula y con la colaboración del ex vicario general de la Arquidiócesis de Santiago y ex vicario de la Solidaridad, Sergio Valech, quien creó la fundación y sus estatutos, se infringió la ley, ya que se marginó a su clienta y a su hijo de su herencia legítima y los bienes pasaron a poder del Arzobispado. Amén de los contratos simulados hechos entre Undurraga y la fundación, según los abogados.
Solicitaron la restitución de los bienes para la viuda y su hijo, entregaron un escrito con detalles pormenorizados de todo lo ocurrido y advirtieron que de no haber una solución iniciarían acciones legales. Se entrevistaron también con autoridades del Vaticano, donde Riesle fue embajador en el régimen de Pinochet, lo que le permitió interiorizarse de los círculos de poder de la curia romana.
"Por todos los medios queríamos evitar que esto llegara a la justicia. La respuesta del arzobispo demoró unos días y fue categórica: que procediéramos a demandar si lo estimábamos conveniente. No fue la misma reacción en otras instancias de la Iglesia, pero se nos dijo que esto era resorte del Arzobispado de Santiago", sostiene Lecaros, quien se declara católico, fue secretario general de la Universidad Católica durante nueve años, decano de Derecho y profesor de Derecho Civil de esa casa de estudios desde 1984.
El 17 de octubre se presentó la demanda, que tiene 70 páginas, en la que se exige que el Arzobispado de Santiago restituya la totalidad de los bienes a Fernández y a su hijo y se declare la inexistencia y la nulidad de derecho público de la fundación de beneficencia Isabel Aninat.
"Se ha dicho que la demanda es por US$ 201 millones, el valor al que la fundación Isabel Aninat vendió las acciones de Soprole (en 2008), pero por pequeño que sea el interés a que se hayan puesto esas platas tendrán que ser unos US$ 300 millones", precisa Lecaros, designado abogado integrante de la Corte Suprema para el período 2012-2015.
El Arzobispado fue notificado el martes de la semana pasada y respondió en un comunicado que no existe fundamento ético ni jurídico para la demanda, dado que hace más de 20 años las mismas personas (la viuda y su hijo) interpusieron una acción judicial "que fue debidamente resuelta a través de un acuerdo judicial suscrito de buena fe y los demandantes reconocieron la existencia de la fundación y renunciaron irrevocablemente a toda acción sobre esta materia, entregándose a esos mismos demandantes la mayor parte de los bienes del señor Undurraga". Lecaros pone en duda la "buena fe".
SOCIO DE SOPROLE, ALCALDE DE EL MONTE Y AMIGO DE VALECH
El 9 de septiembre de 1988, un año y ocho meses antes de morir, Juan Luis Undurraga acudió a la notaría de Humberto Quezada y frente a tres testigos dijo "en este sobre está mi testamento".
Nunca dimensionó cuán rico era. Cuando se operó de un cáncer al estómago no sabía si el dinero le alcanzaría para pagar la cuenta. Ahorraba al extremo de la tacañería: a las nueve de la noche les cortaba la luz a sus trabajadores en el fundo "La Puntilla" en El Monte, recuerdan quienes lo conocieron.
Su vida estuvo marcada por una infancia sin padre y una madre muy católica y estricta. Se conocieron en La Moneda. Isabel Aninat Echazarreta había perdido a su progenitor y fue acogida junto a su madre por su tía Ana Echazarreta, la mujer de Juan Luis Sanfuentes, Presidente de la República entre 1915 y 1920. Undurraga era su edecán militar, se enamoraron y se casaron, pero la unión duró poco. Él abandonó a su mujer y tres hijos cuando el mayor tenía cuatro años. Partió a Colombia y jamás regresó. Murió en Madrid.
Juan Luis Undurraga estudió sus primeros años en los Padres Franceses, pero su rendimiento no fue satisfactorio. Terminó como alumno interno en el Patrocinio de San José, del que se retiró en primero medio.
El Arzobispado fue notificado el martes de la semana pasada y respondió en un comunicado que no existe fundamento ético ni jurídico para la demanda dado que hace más de 20 años las mismas personas (la viuda y su hijo) interpusieron una acción judicial "que fue debidamente resuelta a través de un acuerdo judicial suscrito de buena fe y los demandantes reconocieron la existencia de la fundación y renunciaron irrevocablemente a toda acción sobre esta materia, entregándose a esos mismos demandantes la mayor parte de los bienes del señor Undurraga". Lecaros pone en duda la "buena fe".
Comenzó a trabajar en El Tattersal y un día antes de cumplir 21 años su madre lo llevó a El Monte y le entregó la administración de "La Puntilla", el campo que ella había adquirido con la herencia de su suegro.
Fueron esas tierras las que lo unieron de por vida con Monseñor Sergio Valech, director de la fundación Aninat desde su creación hasta su muerte en 2010. Antonio Valech, el padre del sacerdote, le arrendó el fundo en El Monte a Isabel Aninat durante tres años para sus caballos de carrera. La relación fue creciendo en el tiempo, porque además los Valech eran vecinos en el campo. Monseñor Valech ofició la misa cuando el empresario murió y antes la de su madre Isabel Aninat.
Cuando Undurraga se hizo cargo de las tierras trabajó sin descanso y gracias a ellas se hizo rico. Sembró 180 hectáreas planas con cultivos tradicionales. Formó una lechería, de la que se deshizo para comprarle su parte del campo a su hermano mayor, el conocido y fallecido mueblista Jorge Undurraga. Su hermana Marisol optó por vender su porción del fundo a un agricultor montino, cosa que nunca le perdonó. Para él la tierra no se vendía.
Fue alcalde de El Monte durante más de dos décadas, elegido antes de 1973 y designado por Pinochet, lo que lo enorgullecía al punto que cuando se registraba en un hotel escribía "alcalde de El Monte" como profesión. Su gestión no es bien recordada por aquellos que le pidieron muchas veces que construyera un liceo, lo que nunca concretó, pero para los opositores a la Unidad Popular fue un personaje clave por su apoyo a los camioneros en el paro de octubre del 1972.
Soprole fue el otro hito en la vida de este hombre que se casó a los 49 años con Ana María Fernández, viuda y madre de ocho hijos. Cansados de entregarles su producción a la Central de Leche de Chile, la elaboradora estatal, diez empresarios lecheros decidieron crear Soprole en 1947.
Undurraga comenzó a comprar acciones en la década del 60 junto a su amigo Julio Covarrubias Ovalle, agricultor ya fallecido. Iban a la par adquiriendo papeles hasta que llegaron al 51% en 1965. Undurraga asumió la presidencia y Covarrubias la vicepresidencia.
La empresa despegó y hacia 1980 era la más diversificada en derivados lácteos. Lo que había comenzado como una dupla de amigos se tornó en una competencia despiadada por tener más acciones. El quiebre matrimonial de Undurraga con Fernández, quienes se casaron en diciembre de 1973, tuvieron un hijo que nació con síndrome de Down y se separaron en mayo de 1977, afectó la relación con su socio, casado con una hermana de Fernández.
Otro hecho posterior aumentó la tensión: la llegada de Enrique Alcalde Irarrázaval, quien no tenía vínculo con Soprole, pero se convirtió en abogado y director de la compañía en 1982. Casado con una prima hermana de Undurraga, influiría en la marcha de la empresa y en la vida de su pariente político.
"Nunca tuvo buena relación con los ejecutivos, él manejaba a su arbitrio a Undurraga, se metía en la administración de la compañía que no es labor del directorio. Yo renuncié y conmigo se acoplaron los gerentes de finanzas (Luis de Mussy) y ventas (Roberto Quinteros)", recuerda Enrique Vicuña, quien era gerente general y se fue en 1983, poniendo fin al triunvirato de ejecutivos que modernizó Soprole.
El deterioro se hizo patente también en las reuniones de directorio, "eran una guerra de descalificaciones y peleas", declaró años atrás Luis de Mussy a Qué Pasa. En 1986 Undurraga tenía el 43% y Covarrubias el 33%. Este último hizo la jugada de invitar a Anacleto Angelini para comprar el 18% que tenían las cooperativas Santiago y Copeval y asumir el control de Soprole. Lograron su objetivo y se hicieron del 51% de la empresa lechera. Undurraga nunca más le dirigiría la palabra a su ex socio. Al año siguiente Soprole fue adquirida por The New Zealand Dairy Board (hoy Fonterra) y Undurraga permaneció para siempre como minoritario.
ALCALDE Y SU RENTABLE PASO POR LA NACIÓN
El 16 de mayo de 1990, a las 16:40 horas, se abrió el testamento ante la jueza (s) Elia Osorio Guzmán, del Segundo Juzgado Civil de Santiago. Nadie de la familia estuvo presente. De los 16 puntos sólo dos son relevantes. El sexto, en el que se lee: "Instituyo como heredero universal de mis bienes a mi hijo Juan Luis Undurraga Fernández". Y el 14: "Deseo dejar constancia expresa que he constituido una fundación eclesiástica que, con el objeto de perpetuar el nombre de mi señora madre, se llama Isabel Aninat Echazarreta. Tiene por fin, entre otros, atender a niños en situación irregular, pero en especial, velar por las condiciones de vida y salud de mi hijo Juan Luisito". Agrega en ese mismo ítem que celebró con la fundación dos contratos de renta vitalicia: "Uno sobre mis acciones de Navarrés S.A. (dueña de las acciones de Soprole) y otro sobre mi fundo La Puntilla de El Monte, contratos ambos que exijo sean respetados íntegramente sin que puedan por causa alguna impugnarse". A la viuda le pedía devolver un anillo de brillantes que le había regalado.
A Enrique Alcalde Irarrázaval y su hijo Enrique Alcalde Undurraga los designaba partidor y albacea, respectivamente. El primero fue presidente de la fundación Aninat desde su creación –por mandato del fallecido empresario– hasta que por enfermedad dejó su actividad profesional hace dos años y lo reemplazó su hijo.
En el directorio participan además el ex vicario general de Santiago, Cristián Precht, quien sucedió a monseñor Valech, dado que este último así lo dispuso; Juan Jaime Besa, sobrino en segundo grado de Undurraga; Rodrigo Tupper, vicario general de la Arquidiócesis de Santiago, por instrucción del arzobispo Ezzati, y Pilar Undurraga, señora de Alcalde Irarrázaval.
Hasta hace un año y medio contaba con tres directores, pero su número se amplió "para reemplazar la figura de los suplentes", explica Tupper, cuya incorporación (también se sumó Pilar Undurraga) coincidió con su nombramiento de vicario general y moderador de la curia y el encargo de revisar todas las sociedades de derecho canónico y sus estatutos, a raíz de un mandato del entonces Papa Benedicto XVI. "Miramos todas las que tienen que ver con obras de caridad. En el caso de la fundación Isabel Aninat vimos que sus estatutos estaban de acuerdo a las características que pedía el Papa. Su preocupación era que algunas hacían labores más propias de una ONG, que podía cumplir cualquier organización y no la Iglesia Católica", explica el sacerdote, quien se excusó de opinar acerca de la demanda por ser materia de juicio.
Agrega que no hay impedimento en que Precht ocupe uno de los sillones, porque la sanción del Vaticano por "conductas abusivas" de carácter sexual sólo le impide la celebración pública de los sacramentos.
Es poco lo que se sabe de esta fundación. No tiene página web, ni oficina, ni administración. Funciona en el estudio de abogados de los Alcalde, en la calle Catedral, y al llamar informan que cualquier consulta hay que hacerla a Enrique Alcalde (hijo). Para pedir alguna donación es necesario enviar un correo, pero no entregan la dirección electrónica.
De sus obras son conocidas las donaciones a la Teletón: $600 millones en 2008 y $500 millones en 2012 y otros $150 millones en 2011, según informó la Teletón ante una consulta de El Mostrador. A la red educacional Belén Educa le financió la construcción de un colegio para 900 alumnos en Quilicura, inaugurado en 2005 con el nombre de Juan Luis Undurraga. Y en Talagante –localidad vecina a El Monte– hay un Centro de estimulación integral y otro de capacitación laboral que atienden a 400 niños y también llevan el nombre de Undurraga. Asimismo, coopera con las obras del Pequeño Cottolengo y Don Guanella y posee un convenio de atención de niños con Síndrome de Down en los centros de la Teletón. "Me gustaría visibilizar más la fundación, porque hacemos obras preciosas, pero a don Sergio Valech no le gustaba. Decía el bien no hace ruido y el ruido no hace bien", sostiene Tupper.
Curiosamente, es más famosa por sus peleas como accionista de Soprole y luego de Prolesur –filial creada en 1990 y en la que la fundación posee un 13,6%– para oponerse a la fusión de Soprole con Nestlé. Aunque el negocio era rentable para Soprole, aparentemente, dado que los estatutos de la fundación son desconocidos, Undurraga instruyó que debía protegerse a los productores de leche y una fusión sería perjudicial por la concentración del negocio en menos manos.
Alcalde Undurraga ha librado otras batallas. Como uno de los tres socios privados de la Empresa Periodística La Nación, a través de Colliguay, que él creó en 1991, se opuso y amenazó con acciones legales –que no ha emprendido– cuando el año pasado se disolvió la compañía, debido a que el gobierno de Piñera llevó el diario a formato digital y promulgó una ley para que las empresas con capital inferior a 5 mil UF no paguen por los avisos en el Diario Oficial también en su versiónonline. Este último era una vaca lechera que permitía cubrir las pérdidas de La Nación y generar utilidades: entre 1991 y 2012 los socios de Colliguay, dueños del paquete de acciones preferentes –equivalentes al 29,52% de la empresa periodística– que existen desde 1934, pero que aumentaron sus derechos gracias a una reforma estatutaria promovida por los privados, recibieron dividendos por $3.300 millones. Como propietario del 46% de Colliguay, a Alcalde le correspondieron $1.518 millones. Y gracias a las recientes ventas de la imprenta, del edificio frente a La Moneda más las utilidades acumuladas, el abogado de la Universidad de Chile obtendrá otros $6.900 millones. No está mal para un negocio en el que invirtió $16 millones: en septiembre de 1991 compró a la Radio Nacional las acciones preferentes que tenía en La Nación sin que los directores ni ejecutivos de la radioemisora pusieran obstáculo, al no tener conocimiento que su valor había subido sustancialmente. Una ley general de condonaciones tributarias, dictada en febrero de ese año, reducía en un 83% los impuestos impagos de La Nación. Información que sí manejaba Alcalde.
También ha batallado contra HidroAysén, porque es dueño de 600 mil hectáreas de campos ganaderos en la XI Región, de las cuales mil serían inundadas por el proyecto hidroeléctrico de Colbún (grupo Matte) y Endesa.
CONTRATOS SIMULADOS: UNDURRAGA DEVOLVÍA EL DINERO A LA FUNDACIÓN
"Nadie conforme al derecho chileno puede haberse hecho de los bienes de Juan Luis Undurraga que no fueran sus asignatarios forzosos, mi clienta y su hijo. Ni esta pretendida fundación, ni el arzobispado, ni nadie", explica el abogado Raúl Lecaros.
Aclara que la demanda es en contra del Arzobispado de Santiago y no de la fundación, debido a que "no tiene existencia jurídica, ya que no fue creada conforme al Código Civil y es nula de derecho público porque monseñor Valech en su calidad de vicario general (de la Arquidiócesis de Santiago) se atribuyó derechos que no le confieren ni la Constitución ni las leyes chilenas".
El sacerdote fue quien creó en 1986 la fundación de derecho canónico mediante un decreto, aprobó sus estatutos y luego –prosigue– celebró dos contratos de renta vitalicia simulados. Uno mediante el cual Undurraga traspasó su fundo en El Monte a cambio de una renta vitalicia que le pagaría la fundación mientras estuviera vivo. "Era simulado porque había otro contrato de arriendo en el que él devolvía el dinero a la fundación. No había plata obviamente; eran puros papeles".
Por otro contrato similar el empresario le transfirió la totalidad de las acciones de Navarrés, sociedad creada en Uruguay, cuyo único activo eran los papeles de Soprole "por el pago de una suma ridícula que obviamente nunca se canceló".
Dice que fue una fórmula para desheredar encubiertamente a su mujer y su hijo, por lo que pone en duda la buena fe mencionada en la declaración del Arzobispado. "Él (monseñor Valech) no pudo haber ignorado, como lo sabe todo Chile, que una persona no puede extraer su patrimonio ignorando a sus asignatarios forzosos. La buena fe no es una sensación, sino la conciencia de haber adquirido el dominio de los bienes por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio como dice el Código Civil".
El 5 de julio de 1991, Ana María Fernández, a través del abogado José María Eyzaguirre, presentó una demanda pidiendo la inexistencia y la nulidad de la fundación y de los contratos de renta vitalicia.
Las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial el 30 de enero de 1992 y la viuda recibió el fundo de El Monte y una cifra en dinero sobre la que no hay acuerdo. "Entiendo que fueron US$ 3 millones", apunta el abogado, pero hay quienes dicen que fueron US$ 8 millones.
"No sé por qué se aceptó esa transacción. A lo mejor consideraron que no se podía obtener otra cosa. Lo único que sé es que hace pocos días me entero que existían estas acciones de Prolesur (filial de Soprole) que Undurraga le había traspasado también a la fundación. No sé de qué manera lo hizo. Supongo que podremos averiguarlo en el juicio".
Afirma que el acuerdo no tiene validez. "En el derecho se requiere de existencia y validez y cuando falta el requisito de existencia, como ocurre con la fundación, los actos son inexistentes y la inexistencia no tiene solución". El Arzobispado, cuya defensa tomó Álvaro Ortúzar, el mismo abogado que lo representó en el juicio anterior, deberá probar la existencia de la fundación. Requerido por este medio no hubo respuesta de Ortúzar.
"Nadie puede crear fundaciones sin fines de lucro que no sea bajo la ley chilena. Si hay otras leyes, como es el derecho canónico, tendrán efecto para el derecho canónico", concluye Lecaros.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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