A continuación reproducimos una columna de opinión que el gerente de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros Región del Biobío (Pymepes), Alfredo Irarrázaval (en la foto), envió a los distintos medios de comunicación. En su misiva, el ejecutivo entrega su impresión sobre el caso Corpesca argumentando que "las acusaciones de cohecho sobre la diputada Marta Isasi podrían ser el fin de su carrera política, pero eso no lava los pecados de tantos otros congresistas de quienes, sin duda, iremos conociendo sus reales motivaciones al votar la Ley de Pesca": "Un grito en el mar terminó siendo nuestra firme postura de denunciar los severos conflictos de interés que cruzaron todo el espectro político durante la tramitación de la Ley de Pesca, la misma que terminó por privatizar el mar y que fue bautizada como 'Ley Longueira". No fue fácil hacer frente a una verdad tan descarnada, donde el lobby, el dinero y la política cuajaron una ley de privilegios, injusta e insuficiente que nunca puso por delante al bien común y que usó como escusa la sostenibilidad biológica para defender la rentabilidad económica de unos pocos. Me tocó vivir cada minuto de la tramitación de la cuestionada ley y presencié en muchas ocasiones cómo el estrecho vínculo entre empresarios y políticos se hizo carne en cada indicación votada al interior del Congreso, peor aún, vi cómo cientos de ellas se declararon inadmisibles en la oscuridad de la noche y casi de madrugada, sin debate, sin discusión y en una sesión que no fue televisada. Fue una triste orquesta dirigida por el ahora candidato presidencial Pablo Longueira. Pero la maniobra pro-industria partió antes, en la denominada 'mesa pesquera", donde me tocó en solitario defender a la pequeña y mediana empresa (pyme), abogando por una justa asignación de cuotas a través de un proceso de entrega de recursos naturales vía licitación y ya no a dedo, ni mucho menos gratis como lo impulsó La Moneda. Desde el principio me opuse a la maniobra de Longueira de convertir autorizaciones de pesca en derechos de propiedad perpetuos, y contrario a todo su discurso pro-pyme y pro-competitividad. Es curioso que la misma figura de 'defender derechos de propiedad" sobre una riqueza natural que nos debería pertenecer a todos, fue la hoja de ruta de la diputada Isasi durante la votación, tal como le estipuló el gerente de Corpesca en un correo electrónico y que la UDI (Unión Demócrata Independiente) en pleno defendió durante todo el trámite de la ley. Un hecho de la causa es la investigación que recae hoy sobre Isasi por cohecho, luego de que su asesor la acusara de haber recibido $25 millones por parte de esta empresa pesquera del grupo Angelini. Lo que resta por descubrir es porqué Francisco Mujica, gerente general de Corpesca, fue desvinculado de sus funciones una vez que estalló la noticia, sobre todo luego de que el propio Mujica reconoció no solo haber dado dinero a Isasi sino 'a muchos más". Quiénes son esos muchos más, qué es lo que la compañía intenta resguardar tras la salida de su gerente. Hilos de una enredada madeja que la justicia deberá comenzar a tirar, caiga quien caiga. Por otra parte, además de las denuncias contra la diputada Marta Isasi por un posible cohecho, debemos recordar que se solicitó la inhabilitación de los senadores Andrés Zaldívar (DC), Carlos Larraín (RN), Alejandro García Huidobro (UDI) y Jovino Novoa (UDI), por sus vinculaciones y/o inversiones con empresas relacionadas con el sector pesquero, sin embargo, la Comisión de Ética lo dejó a libre albedrío de cada senador y salvo Larraín, el resto votó íntegramente la norma, incluso García Huidobro tuvo una gravitante participación en la Comisión de Pesca del Senado y luego en la Comisión Mixta de ambas cámaras. Pero la historia no termina ahí y de seguro seguirá salpicando a algunos honorables en este año electoral. Hoy sale a relucir que el diputado UDI por Talcahuano (Región del Biobío), Jorge Ulloa, quien ha sido histórico integrante de la Comisión de Pesca, también debió inhabilitarse, pues la empresa Cargo Services Limitada de la cual fue socio y hoy tiene como continuadora a otra compañía creada por su esposa, prestaba y presta servicios de transporte a grandes empresas pesqueras de la zona. Él no se inhabilitó porque, según dijo, está casado con separación de bienes, por tanto no tiene vínculo directo con las pesqueras. En una palabra: inaudito. Es de esperar que las graves acusaciones de cohecho sobre Isasi y su incierto futuro político no laven los pecados de tantos otros congresistas de quienes, sin duda, iremos conociendo sus reales motivaciones al votar la Ley de Pesca. Ahora se abre un nuevo frente del cual la ley de transparencia deberá hacerse cargo para detectar la triangulación de dineros de políticos y empresarios, ya no solo bastará con investigar el patrimonio de los legisladores, sino también el de sus hermanos, padres, esposas e hijos, de seguro habrá sorpresas y más de alguna sociedad fantasma". Fuente: PESCA al día |
por Javier Bazán 
