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El presidente Evo Morales admitió ayer, al recordarse los 131 años de la pérdida de la salida soberana al Pacífico, que el avance en las negociaciones con Chile sobre la reivindicación marítima no es suficiente y dijo que por ahora, es difícil concertar una reunión con su homólogo Sebastián Piñera, quien está concentrado en la reconstrucción de su país tras el devastador terremoto de 8,8 grados.
Morales, en una conferencia de prensa en el Palacio Quemado, dijo que "en este momento, es difícil exigir una reunión bilateral con el nuevo Presidente de Chile, con tanta tarea de cuestión humanitaria, de reconstrucción, y siguen los temblores. Uno llega a Presidencia, tiene que organizarse todavía, hacer sus equipos".
Durante su discurso por el Día del Mar en la plaza Avaroa, convocó a ex cancilleres, a las Fuerzas Armadas y a ex comandantes y almirantes dedicados a la investigación de soluciones al enclaustramiento boliviano a colaborar y asesorar a su Gobierno en este tema, y reiteró que si no se lo resuelve por la vía bilateral, se acudirá a la comunidad internacional.
"Lo que se avanzó hasta ahora, no es suficiente, estoy convencido; pero también el pueblo boliviano debe estar enterado que han habido muchos factores para que no se pueda avanzar (…) algunos grupos opositores siempre trataron de perjudicar a Bolivia (…); pero también me he dado cuenta que algunos conflictos políticos o sociales perjudican el trabajo del Estado, pero también de las negociaciones (en el tema marítimo)".
Para el ex canciller Javier Murillo, reconocer que no hubo avances es despertar "a tiempo" de una expectativa que se magnificó a raíz de los acercamientos que hubo con el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y la definición de una agenda de 13 puntos que incluye la reivindicación marítima boliviana y la controversia de las aguas del Silala.
Según dijo, no habrá solución en tanto no haya una "voluntad política" de Chile, cuya política exterior no incluye entre sus prioridades dar una solución a la demanda boliviana de una salida soberana al mar.
En criterio del también ex canciller Armando Loaiza, si bien no se llegó a una negociación específica en los anteriores cuatro años, es positivo que ambos gobiernos en esta nueva etapa estén de acuerdo con profundizar la gestión de la agenda de 13 puntos sin excluir el asunto marítimo.
A diferencia de los discursos presidenciales pronunciados en anteriores años, el de ayer fue conciliador —según opinan los analistas— y mostró que esperará con paciencia para retomar la agenda bilateral de julio de 2006.
Antes del acto central por el Día del Mar, Morales afirmó que existe una buena relación con su homólogo chileno, Sebastián Piñera, y está "muy satisfecho" porque éste le pidió tener buenas relaciones. "Me pidió trabajar de manera conjunta por nuestros países".
En su discurso, dijo que "con seguridad en esta nueva gestión "daremos pasos importantes porque con el nuevo Presidente ya comenzamos a construir una nueva confianza".
En la conferencia de prensa y en la plaza Avaroa, Morales puso énfasis en que este tema no será politizado ni manejado con intereses personales, como lo hicieron —dijo— ex mandatarios como Hugo Banzer con el "abrazo de Charaña" o Carlos Mesa cuando se peleó con el chileno Ricardo Lagos en la Cumbre de las Américas en abril de 2004.
El ex canciller Loaiza opinó que el discurso de Morales "es más realista", porque ha comprendido que el problema marítimo es de trascendencia para Bolivia y está lejos de consideraciones político-partidarias y, por tanto, se debe buscar un consenso interno en el país.
Perú dice que no será un obstáculo
El embajador de Perú en Bolivia, Manuel Rodríguez Cuadros, quien ayer participó de los actos de homenaje a Eduardo Avaroa por el Día del Mar, dijo que su Gobierno respalda plenamente una solución al enclaustramiento marítimo boliviano y que no será un obstáculo en las negociaciones.
"El presidente Alan García ha reiterado la determinación del Perú de no ser obstáculo de una salida al mar de Bolivia; yo quiero hacer aprecio de esta situación y señalar una vez más que ésta es una política de Estado en Perú".
Durante los mismos actos en marzo de 2009, el presidente Evo Morales exteriorizó su preocupación por la demanda que Perú planteó contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por un espacio de mar territorial que queda al frente de la llamada Línea de Concordia, por el que se perfiló una de las posibles salidas marítimas de Bolivia. Morales, en ese entonces, manifestó que habría, por parte de algunos países y mandatarios como su homólogo peruano, intenciones de perjudicar las alternativas de solución a la demanda marítima.
Jueves 25 de marzo de 2010
Ante la apremiante necesidad de recursos derivada de la catástrofe se debate, nuevamente, el alza de algunos tributos.
Es indudable que el dilema del gobierno es grave, los recursos se requieren, deben provenir de diferentes fuentes y, entre ellas, se sugiere, modificar el royalty a la minería para lo cual se hacen valer detallados y acuciosos estudios.
Pero tratándose de aumentar los impuestos no basta el examen económico -por cierto complejo- se requiere también considerar la conformidad jurídica de lo que se proponga.
En primer término, se debe tener presente que la voz tributo "Engloba a toda exacción patrimonial impuesta por la ley a las personas en beneficio de la Nación", por lo que cualquier proyecto de ley tributario debe respetar las normas constitucionales pertinentes, pues el constituyente fue particularmente cuidadoso en reglar esta materia, que consideró incluida en el "Orden Público Económico". Igualmente, deben ser considerados los derechos incorporados al patrimonio de las personas y las limitantes que tiene el Estado, cuyo origen son principios éticos que está obligado a respetar.
En este orden de ideas, se debe recordar que las empresas mineras han adquirido derecho a la invariabilidad tributaria al amparo del DL 600, estatuto del inversionista y de la ley Nº 20.026. Bajo el régimen establecido por ambos textos legales, las empresas han celebrado contratos con el Estado de Chile y en esa calidad, de co-contratantes de inversiones, están protegidos en materia tributaria. Así, no es posible aprobar, a su respecto, mayores tasas en los impuestos vigentes o nuevos tributos porque ello sería contrario a la Carta Fundamental y así lo debería declarar el Tribunal Constitucional o el Ciadi, en caso de ser requerido por los afectados. No puede olvidarse que se trata de contratos leyes entre el Estado y los particulares que el legislador no puede alterar.
Además de lo expuesto, se debe tener presente que el pretender legislar con prescindencia de los derechos nacidos bajo el amparo de las normas precedentes viola los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, reconocidos en el derecho comparado y considerados en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores, el Tribunal Constitucional y la Contraloría General.
El fundamento de estos principios se encuentra en los conceptos de lealtad, confianza y buena fe; ellos descansan en la necesidad de las personas de sentirse respaldadas por la certeza del derecho. El Estado de Derecho exige el acatamiento a las normas jurídicas y la previsibilidad de las actuaciones y decisiones de los poderes y autoridades públicas que permitan a las empresas resolver sobre sus actividades e inversiones, sin variaciones sorpresivas o inesperadas.
Una posible alza "voluntaria" de tributos debe ser desechada, igualmente. En primer término, porque carece de sustento constitucional que respalde un sistema tan anómalo. Luego, porque ella se aparta de la ética, contrariando la seguridad jurídica y confianza legítima, al plantear un procedimiento que no está considerado por el ordenamiento jurídico al cual están sometidas las empresas, y al enfrentarlas a una situación que les es ajena, como es someterse a explicaciones ante la opinión pública, como asimismo al veredicto público de quienes están afectados por la tragedia que ha azotado al país.
Por ello, sin perjuicio de las fuentes de recursos que se han señalado por las autoridades responsables, debiera profundizarse la venta de los importantes activos del Estado. Desde luego, el Fisco es dueño de numerosos inmuebles (algunos generosamente dados en comodato) y que no se justifica mantener en el patrimonio público donde sólo generan gastos y trabajos de mantenimiento. Pero además éste es el momento de replantear la situación de todas las empresas públicas, incluidas las emblemáticas. Para analizar esta opción debiera constituirse una amplia comisión, que incluya a partícipes de todas las tendencias políticas, quienes deberían considerar cada caso, y la posible venta de porcentajes menores que no sólo proporcionaría ingresos sino un efectivo control sobre la gestión y costos de las empresas. Todo ello representaría un aumento real de utilidades y beneficios para los chilenos que son los verdaderos dueños de estas empresas.
Por lo dicho, debieran explorarse estos últimos caminos como fuentes de ingresos y no discutir más respecto de alzas de tributos que, en definitiva, no podrán prosperar no sólo por razones jurídicas sino también éticas.
José Carlos Prado
El importante aumento de despidos por fuerza mayor ya anticipa una masiva judicialización de las relaciones laborales.
Es que la publicación del dictamen de la Dirección del Trabajo que acota el uso de dicha causal y que, por ende, intenta frenar las desvinculaciones por este motivo, se produjo a días que quedaran en evidencia los más de 6.000 términos de contrato que se produjeron durante la primera quincena de marzo, por lo que las demandas se convertirán en la alternativa de dichos trabajadores.
Ante esto, la Defensoría Laboral (ODL) pidió un informe detallado del estado de situación de cada una de sus oficinas ubicadas entre las regiones de O´Higgins y la Araucanía, como una forma de prepararse para los litigios que vienen.
El documento -que considera un catastro hasta el martes 23 de marzo- confirma el explosivo aumento de los despidos utilizando el artículo 159 n° 6 del Código del Trabajo y, en algunos casos, proyecta un bajo nivel de conciliación a nivel administrativo, debido al importante daño económico del sector productivo.
"Atendido que los empleadores se encuentran en condiciones económicas apremiantes, especialmente en Talca, donde la estimación es que más del 90% del comercio céntrico está en imposibilidad de funcionamiento, pudiera derivar que los acuerdos ante la Dirección del Trabajo no se cumplan y terminen en la ODL como demandas ejecutivas, superando entonces los requerimientos habituales del servicio", señala el informe de la región del Maule.
Si bien la mayoría de las consultas se han concretado en las inspecciones del trabajo (paso previo al judicial que estipula el procedimiento), los jefes zonales pronostican un efecto negativo en el éxito de los comparendos.
De hecho, en Concepción - agrega el documento- habrá un alza significativa de las consultas hacia mediados o fines de abril, pues la Dirección del Trabajo está recibiendo un número "muy alto" de reclamos.
En esta región se han registrado más de 3.700 despidos por esta causal (61%), no obstante se ha observado un bajo número de atenciones de la ODL. En total, se han producido 92 consultas (incluyendo reducción de sueldos y cambios de funciones, entre otras) en toda la región, lo que se explicaría por la reciente reapertura de la atención al público y, según consta en el informe, porque "la mayor parte de las consultas recibidas estos días han sido de parte de trabajadores que vienen en representación de un grupo más amplio de trabajadores de la misma empresa".
Para el coordinador nacional de las ODL, Zarko Luksic, en vista del aumento de los despidos por esta causal se puede adelantar un significativo incremento de las demandas por este motivo.
"En lo que se refiere a esas regiones, será lejos la más invocada, por lo tanto el trabajo de las defensorías laborales estará muy centrado en esta causal", confirma.
Por esto, demuestra su inquietud por el ajustado número de defensores que existen en las regiones de Valparaíso y Metropolita. Ésta última "necesita más defensores laborales y si hay un aumento considerable de despidos por esta causal, esa necesidad va a ser mayor". Entre el 1 y 14 de marzo, ambas regiones acumulan el 24% de los despidos por fuerza mayor registrados a niveles nacional.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, recibe en audiencia a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF.
La modernización del mercado de capitales e instituciones financieras podría tener un nuevo giro.
El subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez, anunció ayer durante su intervención en la sesión del Senado en la que se discutía el proyecto de Ley de Mercado de Capitales III (MKIII) la intención del gobierno de enviar en un plazo no definido una nueva reforma que busque otorgarle mayor competitividad al sector.
"Por expresas instrucciones del Presidente, estamos preparando un proyecto de ley muy macizo y amplio en materia de mercado de capitales", señaló después Álvarez al diario La Segunda, haciendo hincapié en que entregarle mayor competitividad "será la principal iniciativa en materia de mercados de valores".
Pese a que aún no se habla de plazos, desde el Ministerio de Hacienda informaron que se está trabajando para elaborar una nueva propuesta que permita mejorar su desarrollo.
Idea de legislar MKIII
En este contexto, ayer el Senado aprobó por 27 votos a favor la idea de legislar sobre el proyecto de ley MKIII.
En primera instancia la votación se iba a llevar a cabo el día martes. Sin embargo, la presentación del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sobre la cuantificación de daños por el terremoto obligó a que esta votación se trasladara.
Los senadores en general mostraron poca resistencia a las modificaciones efectuadas al proyecto.
La única voz en contra de la aprobación fue la del miembro del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, quien indicó que no sería el momento más propicio para promulgar esta ley dada la situación por la que pasa el país luego del terremoto. "La duda que me cabe es si la actual condición del país y las medidas que propuso ayer Hacienda (respecto al próximo proceso de reconstrucción) van a estar en sentido con lo que se quiere votar", explicó.
El senador Navarro a su vez criticó la posibilidad de que la nueva ley flexibilice el pago de tributos, "cuando en estos minutos lo que hay que hacer es aumentarlos".
Mientras que el senador José García Ruminot (RN), destacó los alcances que podría tener esta nueva normativa, sin embargo lamentó que no se haya tenido acuerdo en los tratamientos de fondos de inversión y capitales ángeles.
Para el lunes 5 de abril quedó como plazo el envío de disposiciones por parte de los parlamentarios para nuevamente revisar el proyecto y ver si puede ser promulgado.
Si bien no quiso profundizar respecto a si están considerando incluir al litio en el impuesto específico a la minería para financiar la reconstrucción del país tras el terremoto, el ministro de Minería, Laurence Golborne, señaló que se están haciendo "análisis en todos los frentes, donde no se excluye nada".
Agregó que en materia tributaria "estamos analizando las facultades que tenemos, la razonabilidad y las conveniencias de las distintas medidas que se tienen que aplicar. Luego de eso tomaremos resoluciones", dijo.
El secretario de Estado hizo estas declaraciones tras asistir a la sesión de ayer de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde el tema principal fue precisamente el royalty
Exequiel Pino
Varios son los nombres que está barajando el presidente del Partido Regionalista de los Independientes (PRI), Adolfo Zaldívar, para materializar su ingreso a la dirección de BancoEstado y continuar ahí con la colaboración que entregarán al presidente Sebastián Piñera. Entre ellos: José Gandarillas y Rodrigo de Aguirre. Ambos ingenieros, con un amplio currículum académico e incluso político, forman parte de la lista que entregaron al mandatario y suenas como las cartas más fuertes para integrar la gerencia general de esa institución pública.
Así aseguraron varias fuentes que tienen conocimiento de las negociaciones que están realizado los líderes del PRI con las autoridades de gobierno, las cuales reconocieron que existe una alta posibilidad para que Sebastián Piñera nombre a Adolfo Zaldívar y sus colaboradores más estrechos (incluido el secretario general) en el BancoEstado, ampliando el acercamiento político iniciado en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, explican que aún hay aspectos pendientes que son parte de las tratativas y que podrían facilitar el giro político que está realizando el PRI para colaborar en labores ejecutivas con el nuevo gobierno, que tienen que ver directamente con el rol que jugará BancoEstado en la catástrofe dejada por el terremoto.
¿La razón? "Queremos continuar con la colaboración que ofrecimos al gobierno en la Cámara de Diputados, a través de Alejandra Sepúlveda, para enfrentar la catástrofe, pero implementando una política clara que vaya en ayuda de la clase media y a las pequeñas y medianas empresas, lo que implica una definición política", explican desde el PRI.
Por lo mismo, antes de aceptar un nombramiento, quieren saber cuáles son las directrices políticas que imprimirá a la entidad el presidente, Sebastián Piñera, lo que quedará cerrado en los próximos días cuando se den a conocer las medidas específicas para abordar la emergencia.
Ingreso de ChilePrimero
Quien si concretó ayer su ingreso al Gobierno fue ChilePrimero, el partido que crearon el ex senador Fernando Flores y el ex diputado Jorge Schaulsohn. Ello luego que el timonel de esta colectividad, Alberto Precht Rorris, fuera designado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, en la dirección de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas. Precht, de 28 años, al asumir el cargo anunció que, a raíz de los efectos del terremoto y maremoto del pasado 27 de febrero, la Comisión Defensora Ciudadana descentralizará sus oficinas.
Puesto que se restringe su capacidad de obrar, sólo un juez puede tomar esta medida y por las causas dispuestas por ley
Algunas enfermedades persistentes de carácter físico o psíquico provocan que una persona no pueda gobernarse por sí misma, con riesgo de obrar en perjuicio propio, de su patrimonio y de los demás. Hay tres figuras de protección para ellas: tutela, curatela (o incapacitación parcial) y defensor judicial. Pero la declaración de incapacidad civil, aunque sea en beneficio del enfermo, restringe su capacidad de obrar. Para evitar que alguien pueda aprovechar esa circunstancia, sólo un juez, y por las causas dispuestas por ley, puede aprobar esta medida.
A lo largo de la vida hay que tomar múltiples decisiones y, aunque incluso desde antes del nacimiento se es titular de derechos, no es hasta la mayoría de edad cuando se presume la capacidad para gobernar los propios asuntos. Sin embargo, no todas las personas tienen capacidad para ello. En especial, las afectadas por enfermedades mentales o por demencia senil. Según la Sociedad Española de Neurología, en su Informe Sitges 2009, ésta puede estar limitada por un retraso en el desarrollo intelectual o por un proceso morboso, de forma transitoria o permanente. Cuando la incapacidad es obvia, debe intervenir el juez. Hay procedimientos legales, como la incapacitación judicial, promovida por los familiares para nombrar un tutor o curador que vele por el afectado, aunque esta medida no siempre es la más adecuada, por lo que se aboga por la parcial, a medida para actos concretos.
¿Qué enfermedades dan lugar a la incapacidad?
Todas las patologías que impidan a una persona gobernarse por sí misma. Pueden ser males de carácter físico o psíquico, pero siempre persistentes. El Código Civil (normativa que regula esta figura legal) no cita enfermedades concretas, pero éstas deben afectar al conocimiento y a la voluntad.
¿En que consiste la incapacitación?
Es un procedimiento judicial a instancia de parte o del Ministerio Fiscal. Se debe presentar una solicitud o demanda y, tras ésta, se siguen una serie de trámites marcados por la ley y se realiza un examen exhaustivo de las pruebas. Una vez concluido el proceso, un juez puede declarar la incapacidad de una persona, en su beneficio. Si así fuera, se priva a ésta por completo (en raras ocasiones de modo parcial) de la capacidad de obrar. Se nombra, según el caso, un tutor o curador que le asista.
¿Qué es la capacidad de obrar?
Hay dos clases de capacidad, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar.
La primera es inherente a la persona toda su vida, al margen de su edad, estado de salud u otras circunstancias. Implica ser titular de derechos y de obligaciones.
Para ejercitar estos derechos y obligaciones, hay que disponer de un plus, que es la capacidad de obrar. Ésta se alcanza con la mayoría de edad, ya que antes de los 18 años son los padres que ostenten la patria potestad quienes actúan por los menores. Por sí solos, estos no pueden adquirir una propiedad, aceptar una herencia o arrendar un local. A partir de esa edad, se cuenta con competencia para realizar actos jurídicos, ya que se presume aptitud para ello. Se requiere conciencia, inteligencia y voluntad. Si no las hay en suficiente grado, la ley obliga a suspender por cierto tiempo o de forma ilimitada la capacidad para realizarlos, en beneficio del enfermo y del modo menos restrictivo posible.
¿Cómo se demuestra la incapacidad?
Son necesarias numerosas pruebas antes de dictar un informe que permita la incapacitación
En un primer momento, con la audiencia de los parientes. Un juez pregunta a tres familiares cercanos por su relación de parentesco, sobre la deficiencia que padece el enfermo y si están de acuerdo con el procedimiento. Se practica también un examen a la persona para quien se solicita la incapacidad y el letrado hablará con ella para tener un criterio objetivo. Son necesarias, además, pruebas documentales adicionales y un examen médico, de un especialista en psiquiatría o neurología, antes de emitir un informe.
¿Cuáles son las consecuencias para el afectado?
La sentencia judicial constata la situación de incapacidad. El dictado del juez debe establecer qué actos concretos puede realizar por sí sola la persona y cuáles no. Para estos últimos, se precisará la intervención de un tercero que le asista.
¿Por qué conviene incapacitar al afectado?
Toda persona mayor de edad tiene completa responsabilidad, civil y penal, sobre sus propios actos. Pero si se tiene restringido el entendimiento, es más fácil engañarla o realizar actos en su propio perjuicio, como la venta de una propiedad a precio inferior al del mercado. La incapacitación tiene un sentido positivo, ya que permite actuar a través de tutores o curadores a quienes tienen sus facultades mermadas.
¿Es imprescindible?
El Código Civil obliga a promover la incapacitación a los parientes y personas bajo cuyo cuidado esté el afectado. Si no lo hacen, se les pueden declarar responsables solidarios de las indemnizaciones por daños y perjuicios causados.
En caso de que la persona incapaz mejore, en cualquier momento posterior, por nuevas circunstancias, se puede solicitar otro procedimiento. Se podrá dejar sin efecto el anterior o modificar los términos de la incapacitación.
¿Deben solicitarla los padres?
Pueden pedirla los parientes más cercanos. Según el Código Civil, el cónyuge o quien esté en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes o los hermanos del enfermo. También puede hacerlo el Ministerio Fiscal. Cualquier persona puede acudir a este organismo y comunicar la situación de un presunto incapaz, así como los hechos que pudieran determinar o aconsejar su incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conozcan una posible causa de incapacitación, deben ponerlo en conocimiento del citado ministerio.
En el caso de los padres, en previsión del futuro de un hijo afectado, ¿deben esperar a la mayoría de edad?
La ley permite incapacitar a los menores de edad cuando se prevea que su enfermedad persistirá tras cumplir 18 años. En estos casos, además, no esperar puede ser lo más conveniente. Pero sólo la pueden solicitar los progenitores que ostenten la patria potestad.
¿Cuáles son las obligaciones del tutor?
El tutor debe actuar siempre con diligencia y en beneficio del incapacitado
Hacer un inventario de los bienes del tutelado y presentarlo al juez. Éste puede decidir que el dinero, valores o joyas queden en depósito, y no en poder del tutor.
Velar por el tutelado y, en particular, procurarle alimentos, educarle con una formación integral, promover la adquisición o recuperación de su capacidad y su mejor inserción en la sociedad, informar al juez cada año sobre la situación del incapacitado y rendirle cuentas de su administración.
Como administrador legal del patrimonio del incapaz, debe actuar siempre con diligencia y en beneficio de su tutelado.
Es el representante legal del incapacitado, pero hay actos, de carácter extraordinario, para los que necesita autorización judicial: internar al tutelado en un centro de salud mental o de educación o formación especial, vender o gravar bienes inmuebles y valores mobiliarios, renunciar a derechos, aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, realizar gastos extraordinarios, ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años o dar y tomar dinero a préstamo.
¿Quién puede ser tutor?
La Ley establece un orden de preferencia para su designación: cónyuge que conviva con el tutelado, padres, persona o personas designadas por los padres en testamento, descendientes, ascendientes o hermano que designe el juez. Éste puede alterar el orden en beneficio del incapacitado.
También pueden serlo las personas jurídicas que no tengan ánimo de lucro y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapaces. Si el enfermo no tiene 18 años, no se nombra tutor, sino que se rehabilita la patria potestad.
El Código Civil establece también quiénes no pueden ser tutores:
Quienes estén privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad, o de los derechos de guarda y educación, por resolución judicial.
Quienes hayan sido removidos de una tutela anterior de manera legal.
Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras cumplan condena.
Los condenados por cualquier delito que haga suponer que no desempeñarán bien la tutela.
Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho.
Quienes tengan enemistad manifiesta con el menor o incapacitado
Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida.
Quienes tengan importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado, mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes o le adeuden sumas de consideración.
Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo sea sólo de la persona.
Los excluidos de modo expreso por los padres en sus disposiciones testamentarias o documento notarial, salvo que el juez, con motivos, estime lo contrario.
¿Es obligatorio el cargo de tutor?
El cargo puede excusarse por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, o por falta de vínculos, entre otras razones. Las personas jurídicas podrán no ejercerlo cuando carezcan de medios suficientes.
¿Qué diferencias hay con el curador?
La curatela se establece en caso de una incapacidad parcial, cuando se conserva -aunque mermado- el gobierno de los propios asuntos. La función del curador es asistir al incapaz en los actos indicados por sentencia. Puede ser para la administración de sus bienes o sólo para prestar asistencia en el seguimiento del tratamiento médico. No representa al enfermo en asuntos legales.
Cuando los padres de la persona incapaz fallecen, es habitual que la familia solicite la incapacitación. Los progenitores deben pedirla en vida (entre los 14 y 18 años del enfermo) y hacer un testamento en el que se nombre tutor.
Si los padres fallecen y los familiares no pueden, o no desean, asumir la tutela, cabe la posibilidad de que personas jurídicas (asociaciones, fundaciones tutelares, etc.) ostenten el cargo de tutor.
La calificación administrativa de minusvalía no es un mecanismo de protección. Sólo sirve para decidir quién debe percibir prestaciones económicas.
La fórmula escogida por el Presidente para desprenderse de las acciones de la línea aérea no dejó a nadie indiferente dentro de la oposición, siendo el senador DC el más duro respecto a sus cuestionamientos, ya que aseguró que este sistema ahorraría entre 50 y 90 millones de dólares. Dijo que se ha buscado una figura jurídica para no pagar impuestos.
El senador democratacristiano, Andrés Zaldívar, aseguró que Sebastián Piñera aún mantiene el conflicto de interés a pesar de la compra de los papeles, por parte del holding liderado por una socia de Falabella, del 8% de acciones de Piñera en la línea aérea.
El legislador opositor dijo que el conflicto se mantiene, debido a que los cuestionamientos tributarios, o un eventual dictamen si debió pagar o no esta suma corresponden a Impuestos Internos, organismo cuyo director es nombrado por el jefe de Estado al ser un cargo de confianza.
En todo caso, Zaldívar aseguró que "si hay una ganancia capital está afecta a impuesto".
"O sea, se ha hecho una elusión, se ha buscado una figura jurídica para no pagar el impuesto y lo delicado en esto es que quien podría hacer esa interpretación es el director de Impuestos Internos y éste fue nombrado por el propio Presidente, es una persona de su absoluta confianza", denunció.
Explicó que con este sistema elegido para desprenderse de los papeles, Piñera se estaría ahorrando entre 50 y 90 millones de dólares.
Agregó que al tratarse de un tema fundamenta, este debe ser aclarado "por la propia imagen del Presidente", añadiendo que "lo delicado es que quien podría hacer la interpretación de si procede o no el impuesto es el director del SII que fue nombrado por el Presidente, que es una persona de su confianza".
Según Zaldívar "en el mundo de los negocios eso se hace, pero es una figura que es conflictiva".
Este miércoles, la Superintendencia de Valores y Seguros anunció que Bethia S.A. grupo que controla Falabella, adquirirá el 99 por ciento de la sociedad inversora Axxión, haciéndose así con el ocho por ciento de las acciones de Piñera en LAN.
El tres por ciento restante se irá a remate abierto a la Bolsa de Comercio este jueves.
Las críticas al oportunismo de Piñera
Para el timonel socialista, Fulvio Rossi, la venta de acciones de LAN era un paso esperado, pero fustigó duramente la espera para el "mejor momento y más encima haya vendido Axxion ahorrándose 50 millones de dólares por concepto de impuestos.
"Por un lado qué bueno que haya vendido las acciones y haya cumplido con un compromiso, porque el presidente solo debe preocuparse del interés general y no de intereses particulares y tampoco puede abstenerse de tomar decisiones porque es presidente de la República. Y por otro lado, esto deja en claro de que esperó el mejor momento en cuanto pudiese vender Axxion para no pagar impuestos. Ojala hubiese pagado impuestos porque esa plata harto que habría servido, tratándose de que son millones de dólares, en estos tiempos cuando hay una reasignación presupuestaria que está afectando a los más pobres de las regiones no afectadas por el Terremoto", indicó.
En tanto, el diputado DC, Jorge Burgos, también hizo ver el ahorro en pago de impuesto de Piñera.
"Está dentro de la decisión de quienes están en los negocios ese tipo de cosas, pero no le habría venido mal al Fisco de Chile haber recibido del orden de unos 50 millones de dólares que, según me dicen, calculaban del punto de vista de los ingresos tributarios", detalló.
Socia de Falabella adquiere el 8% de acciones de Piñera en LAN
El grupo Bethia, encabezado por Liliana Solari, estableció un acuerdo para adquirir el 8% del remanente de acciones que el jefe de Estado tiene de la línea aérea, mientras que los valores restantes se rematarán mañana jueves en la Bolsa, operación con la que se espera recaude unos US$ 193 millones.
La información la entregó este miércoles la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), explicando que el grupo presidido por Liliana Solari, una de las socias de Falabella, comprará Axxion en US$ 425 millones, sociedad de inversiones que hasta hoy tiene el 11,33% de la compañía.
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23 Marzo 2010
Por definición las universidades cumplen con un rol social fundamental y en este sentido, no suelen reflexionar sobre su responsabilidad con la sociedad más allá de su función como transmisoras y generadoras de conocimiento.
Sin embargo, es un hecho que las universidades son y deben ser uno de los principales agentes de transformación social no sólo a través de la educación que ofrecen sino también a través de la participación activa en la atención y solución de problemáticas sociales.
Tradicionalmente las universidades han sido organizaciones centradas en sí mismas, son una de las instituciones sociales más antiguas y por lo tanto, no están acostumbradas a pensar en función de sus grupos de interés. De hecho, aunque suene paradójico es bastante reciente que las universidades hayan empezado a preocuparse por sus estudiantes en el sentido de si están siendo bien preparados para enfrentar los retos del mercado laboral y si tienen las competencias necesarias para ello.
Estas instituciones que datan de la Edad Media, solían estar enfocadas en su propio desarrollo, en acumular conocimientos a través de grandes acervos bibliotecarios y de docentes eruditos. Solían ser elitistas porque se consideraba el conocimiento como un bien al que sólo podían acceder unos cuantos.
En la actual sociedad del conocimiento las universidades han dejado de ser la única fuente de saber y han tenido que replantear su papel en la sociedad, esto las ha llevado a volverse más cercanas a su razón de ser que son los estudiantes y de ahí su interés por conocer mejor las necesidades de la sociedad a la que entregan su producto final que son los profesionistas. Por ejemplo, es relativamente reciente que las universidades revisen las condiciones sociodemográficas de la población a la que sirven para identificar y ofrecer los programas de estudio más pertinentes para dicha sociedad.
Sin embargo, en términos de responsabilidad social las universidades tienden a sentirse satisfechas porque educar es en sí misma una función social primordial. Si bien es cierto que la educación es el motor más poderoso del desarrollo social, también es cierto que las instituciones académicas pueden y deben ir más lejos.
Por ejemplo, las universidades no suelen tener un diagnóstico del impacto que sus actividades producen en el medio ambiente, sencillamente porque no se ven a sí mismas como un agente contaminante, sin embargo, si bien no generan el mismo impacto que la industria es un hecho que cualquier actividad humana produce presiones sobre el medio ambiente que deben ser identificadas y mitigadas.
Así pues, las universidades deben medir la cantidad de energía y agua que consumen, los deshechos que generan y conocer las emisiones que produce su parque vehicular para desarrollar planes de corto, mediano y largo plazo orientados a mitigar dichos impactos.
Es obvio que en el tema ambiental las universidades juegan un rol fundamental a través de sus áreas de investigación en donde se desarrollan muchas de las alternativas para generar energías limpias o reparar daños ambientales, también es cierto que la transmisión de estos conocimientos y de una cultura ecológica también forma parte de la tarea que realizan las instituciones educativas desde hace años pero definitivamente esto no excluye que estas organizaciones tengan el deber de evaluar y actuar para mitigar sus propios
impactos.
De igual manera sucede con el rol social de las universidades, especialmente las privadas, que deben ir más allá de la producción de conocimientos útiles para la sociedad y de la formación de ciudadanos útiles para el desarrollo de ésta. Su participación tiene que estar orientada también a movilizar los enormes recursos humanos con que cuentan (colaboradores, docentes, estudiantes) para apoyar a grupos sociales desprotegidos a través de actividades educativas, culturales e incluso asistenciales.
El servicio social por ejemplo, es una poderosa herramienta para fortalecer la participación de los estudiantes y sin embargo, se ha convertido más en un requisito burocrático que en una estrategia para formar de manera más integral a los alumnos y para que se involucren y contribuyan en la solución de problemas sociales.
Como organizaciones humanas complejas, las universidades también tienen la responsabilidad de velar por la calidad de vida de sus integrantes, asegurarse no sólo de contar con instalaciones adecuadas para el desempeño de sus funciones sino también garantizar un ambiente armónico y una sana competencia para fomentar el desarrollo profesional de sus docentes y colaboradores.
Y ni qué decir del ámbito de la ética y la institucionalización. Es más que claro que las universidades deben combatir con todas sus fuerzas cualquier acto de corrupción, que la transparencia debe ser el eje rector de todas sus actividades y que el respeto por la diversidad de ideas y expresiones tiene que garantizarse por encima de todo en los ambientes universitarios.
En los últimos años se ha venido hablando mucho de la responsabilidad social de las empresas y del rol que juegan más allá de la creación de riqueza. Este tema ha evolucionado lo suficiente para que las demás instituciones entren en la discusión y hagan una profunda reflexión del rol que juegan en el desarrollo de la sociedad más allá de sus contribuciones tradicionales. Los retos del mundo actual así lo demandan.
Por: Mtra. Sophie Anaya Levesque
Dir. de Comunicación y Relaciones Públicas
Laureate - México y Centroamérica
El medio ambiente es en la actualidad el problema que más preocupación causa a la humanidad. El sitio web www.livescience.com ha realizado una investigación entre cientos de científicos del planeta con el propósito de seleccionar aquellas tecnologías que más podrían ayudar en la lucha contra la contaminación medioambiental. El sitio web publicó las diez mejores en la siguiente lista:
1. Convertir los desechos orgánicos en petróleo
Tanto en la vida cotidiana como en la producción industrial y agrícola se genera cada día una gran cantidad de desechos orgánicos, los cuales causan una grave contaminación medioambiental. En realidad, los residuos con base de carbono pueden convertirse en petróleo a través de un proceso, llamado termo-despolimerización, que acelera el proceso que la naturaleza hace de forma natural a lo largo de millones de años para conseguir el petróleo.
2. Desalinización del agua del mar
A parte de la lucha por los recursos energéticos, la lucha por la obtención de agua dulce ha llegado a ser otra de las principales causas de los conflictos regionales. La mayor parte de los recursos hídricos del planeta corresponden a agua del mar, pero esta agua no es potable. Si se consiguiera eliminar la sal del agua del mar, el mundo no sufriría carencias de agua. El problema es que en estos momentos el coste de la tecnología necesaria para la desalinización del agua marina es excesivo, aunque los científicos siguen trabajando para mejorar su eficiencia y buscando nuevas vías, como la nanotecnología.
3. Batería de corriente de hidrógeno
Aunque aún no es conocida entre la gente corriente, la batería de corriente de hidrógeno está considerada una nueva tecnología destinada a purificar nuestro futuro. El hidrógeno usado como combustible no produce contaminación, por lo que constituye una alternativa limpia a la quema de combustibles fósiles. Aunque el hidrogeno se puede reutilizar, no es una energía que exista de forma primaria en la naturaleza, por lo que hay que conseguirla a través de las energías solar o eléctrica.
4. Energía solar
La energía solar es la energía básica y ecológica más importante del planeta. Aunque ha sido popularizada en muchas áreas, el alto coste, la baja tasa de transformación, la excesiva ocupación de territorio que requiere y otros problemas similares aún dificultan en el presente su desarrollo.
5. Generación de electricidad a través de la diferencia de la temperatura del mar
Según datos estadísticos del Ministerio de Energía de EE.UU., la absorción diaria de energía proveniente de la radiación solar por parte del mar equivale a la sorprendente cantidad de 250.000 millones de barriles de petróleo. Teniendo en cuenta que el consumo energético anual de EE.UU. sólo equivale a 7.500 millones de barriles de petróleo al año, esta podría parecer una opción perfecta para sustituir los combustibles fósiles. Sin embargo, esta tecnología, que utiliza la diferencia de temperatura entre el agua caliente en la superficie del mar y el frío de sus profundidades para obtener energía, se enfrenta con el grave problema de su baja eficiencia.
6. Generación de electricidad a partir de las olas del mar
Las olas del mar pueden producir una enorme energía, suficientemente poderosa para generar electricidad. Esta tecnología, aunque ya se ha empezado a utilizar, aún no es muy popular, ya que requiere de mucha más investigación para mejorar la eficiencia.
7. Techo verde
Y no sólo al techo, sino también a las paredes, patios y terrazas puede aplicarse esta tecnología, que sin ser complicada contribuye enormemente al ahorro de energía y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. El techo verde, que ha sido popularizado en muchos países del mundo, puede por ejemplo reducir la utilización del aire acondicionado.
8. Biorremediación: limpiar usando microbios y plantas
La biorremediación es un método de limpieza que utiliza los microbios y las plantas para eliminar la contaminación. Con este sistema pueden limpiarse por ejemplo los nitratos del agua contaminada con la ayuda de los microbios, mientras que también es posible el uso de plantas capaces de absorber arsénico del suelo contaminado, lo que se conoce como fitorremediación.
9. Inyectar el dióxido carbónico en el suelo
El dióxido carbónico es la mayor culpable que causa el calentamiento global. Algunos científicos están intentando extraerlo del aire y convertirlo en líquido para poder después inyectarlo en el suelo a través de pozos petrolíferos abandonados. Todavía hay muchos interrogantes científicos que impiden poner en práctica esta tecnología por los posibles riesgos que conlleva.
10. Cambiar el papel por formatos electrónicos
Aunque a mucha gente le gusta leer periódicos y libros en papel, la sustitución del papel tradicional por el formato electrónico es ya una realidad. Se trataría de utilizar una pantalla flexible muy parecida al papel, reutilizable una y otra vez. El bajo coste y la protección del medio ambiente son los elementos más importantes que impulsan el desarrollo de esta tecnología, ya que en la producción del papel tradicional se requiere una gran cantidad de árboles, económicamente menos rentable y una de las causas principales del calentamiento global.
